Muy a pesar de la más crasa violación de la disposición constitucional de la separación de iglesia y estado, la Cámara de Representantes de Puerto Rico promovió la celebración de oraciones y actividades religiosas en varios municipios durante la temporada de Cuaresma. La razón de ello, según sus favorecedores, es aliviar el problema económico de Puerto Rico por esa vía.

Podemos decir empíricamente que dicha movida no funcionó en lo absoluto a ningún nivel. (Bajo el riesgo de caer en la pedantería, perdonen indicar lo obvio, pero asombra la frecuencia con la que la gente se olvida la inefectividad de actividades como esta). También constatamos el hecho de que su efecto neto fue negativo en dos sentidos:

• Se estimula la teocracia gubernamental prejuiciada a favor de un sector religioso en particular (el cristiano) en detrimento de otros sectores, sean religiosos o no. Así, se lacera por completo la garantía de la libertad de todos de ejercer la religión que queramos o la de no practicar ninguna.
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• A sabiendas de que todo era una distracción para no atender de manera efectiva y genuina la crisis económica, los políticos que paraticiparon de esa farsa le sacaron millaje político al sector religioso cristiano de Puerto Rico. Sin lugar a dudas, algunos de estos legisladores y alcaldes sabrán que con actividades como esta, el pueblo se olvidará de algunas de sus fechorías y volverán a elegirlos de nuevo en el 2020.

En otras palabras, el pueblo perdió políticamente.

Ahora bien, tras este evidente fracaso de querer solucionar nuestra depresión económica con oraciones, se llevó a cabo un “paro general” el 1 de mayo. Aunque este no es uno en el sentido clásico (es decir, detener la actividad económica del país mediante obstaculizaciones en todas partes de Puerto Rico), la marcha que se llevó a cabo ese día se destacó por el orden y la organización. Luego de terminada la actividad, ocurrió lo que todos ya sabemos: un grupo de jóvenes encapuchados comenzaron a vandalizar edificios en la Milla de Oro.

Algunas personas han levantado un número de planteamientos válidos en torno a la actividad. Uno de ellos tiene que ver con la notable rapidez con la que el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) radicó una demanda a prácticamente todas las organizaciones y personas que participaron en la marcha. Dado que esto se vio como un acoso a los demandados y de que evidentemente tal medida se caería ante cualquier juez con dos dedos de frente, el BPPR se vio en la necesidad de enmendar su demanda para corregir el problema.

Otros aspectos de la noticia permanecen oscuros, por lo que habrá que esperar a las investigaciones oficiales —e imaginamos que algunas no oficiales— en torno a las personas involucradas. Por ahora, se ha anunciado el arresto de alrededor de cincuenta sospechosos en relación con los incidentes (algunos de ellos, estudiantes). Unas de las fotografías ya están disponibles en línea.

Además de los jóvenes cuyas fotografías salieron en línea, se mencionaron otros nombres: Nina Alejandra Droz Franco, Andrés Cortés Ortiz, Miguel Vargas, Dennis Montalvo Concepción y algunos otros.

Sobre este último se han levantado dudas en las redes sociales. Según afirmaba antiayer el periódico El Nuevo Día, de los diez arrestados, al Sr. Montalvo fue al único que se liberó. Sin embargo, se suponía que el martes se presentara ante fiscalía por agredir a un policía, “daños a la propiedad, obstrucción a la justicia y violación a la Ley de Tránsito”.  Nos dice la noticia:

De otra parte Dennis Montalvo Concepción, de 31 años, no acudió hoy al Cuerpo de Investigación Criminal de San Juan, a donde fue citado para ser sometido a una rueda de confrontación ya que se le investiga por incitación a motín y cometer daños contra el edificio que alberga la empresa Liberty en Hato Rey.

En las redes sociales, se han circulado sus fotos y las aserciones de una persona que afirma que su presencia durante los acontecimientos vandálicos es extraña, ya que este estudiante era un estadoísta del corazón del rollo, “pro USA”.  También se publicó una foto del Sr. Montalvo con el logo de la campaña electoral de Ricardo Rosselló.  Se ha invitado a la gente a “llegar a sus propias conclusiones”.

El problema es que sin una investigación formal, usualmente las especulaciones en las redes sociales llegan a conclusiones erradas. (La película The Circle, aunque aburrida y algo confusa, ilustra perfectamente este punto).  Extraoficialmente, se nos ha dicho que la persona parece no ser un infiltrado. En realidad, no conocemos sus motivos para participar en la marcha, pero esperamos que no se pierda de vista el rol que jugó él en todo este caso. La noticia más reciente al respecto publicada por El Vocero revela que se le ha identificado como uno de los vándalos que rompió los cristales de uno de los bancos. Sin embargo, lo más extraño de todo ese texto es que afirma que no aparecen los agentes que arrestaron a varios de los atacantes.

Sin lugar a dudas, esto le echó más gasolina a la teoría de la “infiltración” por parte de agentes provocadores de la policía.  Parte de este alegato se ha podido confirmar sin lugar a dudas cuando la misma Superintendente admitió ante la prensa que habían oficiales vestidos de civil en la marcha.

Lo que no dudamos es que la inmensa mayoría de los que marcharon no tenían intención alguna de llevar a cabo actos de violencia. Y, de hecho, hay vídeos en los que se ve que los manifestantes reprobaban dicho comportamiento.

Abogados y abogadas observadores confirmaban que los actos violentos se dieron después de terminada la actividad de la marcha. La American Civil Liberties Union (ACLU) denunció algunos actos de la policía a la hora de advertir y arrestar a los vándalos que se separaron de la manifestación principal.

Por otro lado, el gobernador Ricardo Rosselló, “enojado”, afirmaba que se a “los responsables” del asunto pagarían por lo ocurrido, mientras que temerariamente intimidaba a los jueces de los tribunales si “dejaban caer los casos”. Esto es una vez más una amenaza a la vida democrática puertorriqueña y ha sido debidamente repudiada por el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. De hecho, durante esa rueda de prensa tan desafortunada, fue el periodista de Caribbean Business el que hizo la pregunta de mayor sustancia en relación con el tema.

Esto también se dio tras un fin de semana en que el gobernador emitió por los medios de comunicación dos mensajes de advertencia a los manifestantes del 1 de mayo, sin elaborar de manera alguna en torno al problema del manejo de la deuda. Sin embargo, estos y otros asuntos que discutiremos más adelante revelan que todo lo sucedido apunta a algo más grave que pintar con spray o romper cristales.

El contexto de los acontecimientos: la verdadera noticia

Desgraciadamente por las limitaciones de la misma prensa, raras veces se conectan los acontecimientos al contexto social en que ocurren. Es este escenario lo que más alarma, más allá de lo ocurrido en la Milla de Oro.

En Estados Unidos, el Presidente Trump (… perdonen, me da trabajo poner esas dos palabras juntas …) lanzó dos twits que implicaban lo que todos sabemos desde hace tiempo y es que en cuanto a la crisis de la deuda, Puerto Rico está realmente solo y no recibirá ayuda alguna del gobierno federal al respecto.

Este mero hecho, anuncia para los puertorriqueños una enorme crisis humanitaria en el área de salud. Literalmente, la gente enfermará y morirá por falta de medicinas y otros recursos médicos.

En el caso de la Universidad de Puerto Rico, la mayoría de su Junta de Gobierno rehusó aprobar el plan fiscal de la institución, por lo que se prevé que en el futuro quedará bajo el mando de un síndico.

Recientemente, algunos bonistas han demandado al gobierno de Puerto Rico por no pagar la deuda concerniente a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y otras porciones de la deuda de $73 millardos. Esto se dio después del tiempo concedido para renegociar la deuda. Como respuesta, el gobierno solicitó a la Junta de Control Fiscal que se acogiera al Título III provisto por la ley PROMESA (un mecanismo parecido al de una quiebra oficial y que es aplicable a los territorios) para que el gobierno quede a merced de un juez que restructurará la deuda. La Junta a su vez accedió a la petición. Esto significa que de ahora en adelante, el gobierno será un mero espectador de lo que ocurra. Dicha acción implicará recortes presupuestarios en todas las áreas del gobierno de Puerto Rico, con un efecto adverso a la economía. La Junta de Control Fiscal, institución que dudosamente representa el interés real de los puertorriqueños, será nuestra abogada ante dicho juez.

Obviamente, esta medida es mucho mejor que la alternativa, a saber, que el gobierno se someta a las crecientes demandas de unos bonistas con los que no podrá negociar de buena fe. El resultado de ello sería peor sin lugar a dudas, pero no alienta en absoluto a lo que ocurra de aquí en adelante.

Por otro lad, no apreciar estos factores evade la discusión de los siguientes puntos:

• En las redes sociales se está planificando otro paro nacional, esta vez en el día del plebiscito de estatus pautado para el 11 de junio.
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• Las medidas que se tomen a partir de junio tendrán una repercusión social en Puerto Rico que el gobierno intentará lidiar a nivel policíaco.
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• La amenaza del ejecutivo a la rama judicial puede ser un preludio de un tipo de autoritarismo que crecerá a medida que se recrudezca la crisis.
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• Por acción o reacción social, aumentará el nivel de violencia en Puerto Rico (sean o no por agentes provocadores gubernamentales o por oposición de varios sectores del espectro político).
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• Sin lugar a dudas habrá una crisis humanitaria en Puerto Rico de grandes proporciones que no se ha visto desde la época de la Gran Depresión, lo que conllevará varias cosas: gente que perderá todo y no conseguirá empleos; cierre de más negocios en Puerto Rico agravando la espiral de la depresión; una crisis médica  y un aumento exponencial de la emigración.
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• Podrían desaparecer varios municipios de Puerto Rico.
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• Va a pulular la privatización de corporaciones y servicios públicos.

Quisiéramos tener un mejor panorama, pero eso es lo que prevemos si no enfrentamos seriamente lo que se avecina pronto. Lo que sí opinamos es que los puntos mencionados deberían ser el mayor enfoque de las noticias en los próximos meses y años, ya que esto es mucho más serio que la quema de banderas, cristales rotos o pintura de spray en las paredes. Sin embargo, acusar a la alcaldesa de San Juan de tomar parte de estos actos de violencia, evidencian a todas luces que el gobernador desea politiquear y no tratar estos asuntos en serio.

Nota aparte: Para añadir a estas desgracias, Gabriel Rivera, un estudiante que participaba de la huelga de la Universidad de Puerto Rico, se suicidó recientemente. Vaya nuestro pésame a su familia. Si usted conoce a alguien que ha mostrado señales de potencial suicidio, por favor considere llamar a los teléfonos de ayuda:  Línea Programa de Ayuda Sicosocial (PAS) 1-800-981-0023 / Suicide Prevention Life Line – Red Nacional 1-888-628-9454, 1-800-273-8255 / Inspira (Línea de consulta en crisis) 787-644-0559, 787-448-5651.