Opinión: Lo que debería ser la noticia de la semana…

Muy a pesar de la más crasa violación de la disposición constitucional de la separación de iglesia y estado, la Cámara de Representantes de Puerto Rico promovió la celebración de oraciones y actividades religiosas en varios municipios durante la temporada de Cuaresma. La razón de ello, según sus favorecedores, es aliviar el problema económico de Puerto Rico por esa vía.

Podemos decir empíricamente que dicha movida no funcionó en lo absoluto a ningún nivel. (Bajo el riesgo de caer en la pedantería, perdonen indicar lo obvio, pero asombra la frecuencia con la que la gente se olvida la inefectividad de actividades como esta). También constatamos el hecho de que su efecto neto fue negativo en dos sentidos:

  • Se estimula la teocracia gubernamental prejuiciada a favor de un sector religioso en particular (el cristiano) en detrimento de otros sectores, sean religiosos o no. Así, se lacera por completo la garantía de la libertad de todos de ejercer la religión que queramos o la de no practicar ninguna.
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  • A sabiendas de que todo era una distracción para no atender de manera efectiva y genuina la crisis económica, los políticos que paraticiparon de esa farsa le sacaron millaje político al sector religioso cristiano de Puerto Rico. Sin lugar a dudas, algunos de estos legisladores y alcaldes sabrán que con actividades como esta, el pueblo se olvidará de algunas de sus fechorías y volverán a elegirlos de nuevo en el 2020.

En otras palabras, el pueblo perdió políticamente.

FB_IMG_1493640491297Ahora bien, tras este evidente fracaso de querer solucionar nuestra depresión económica con oraciones, se llevó a cabo un “paro general” el 1 de mayo. Aunque este no es uno en el sentido clásico (es decir, detener la actividad económica del país mediante obstaculizaciones en todas partes de Puerto Rico), la marcha que se llevó a cabo ese día se destacó por el orden y la organización. Luego de terminada la actividad, ocurrió lo que todos ya sabemos: un grupo de jóvenes encapuchados comenzaron a vandalizar edificios en la Milla de Oro.

Algunas personas han levantado un número de planteamientos válidos en torno a la actividad. Uno de ellos tiene que ver con la notable rapidez con la que el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) radicó una demanda a prácticamente todas las organizaciones y personas que participaron en la marcha. Dado que esto se vio como un acoso a los demandados y de que evidentemente tal medida se caería ante cualquier juez con dos dedos de frente, el BPPR se vio en la necesidad de enmendar su demanda para corregir el problema.

Otros aspectos de la noticia permanecen oscuros, por lo que habrá que esperar a las investigaciones oficiales —e imaginamos que algunas no oficiales— en torno a las personas involucradas. Por ahora, se ha anunciado el arresto de alrededor de cincuenta sospechosos en relación con los incidentes (algunos de ellos, estudiantes). Unas de las fotografías ya están disponibles en línea.

Primeros arrestados por vandalismo

Primeros arrestados por el vandalismo en la Milla de Oro. De izquierda a derecha: Valeria Herrera Huyke, Jorge Santana Valentín, Carlos Alejandro Farmer del Toro.

Además de los jóvenes cuyas fotografías salieron en línea, se mencionaron otros nombres: Nina Alejandra Droz Franco, Andrés Cortés Ortiz, Miguel Vargas, Dennis Montalvo Concepción y algunos otros.

Sobre este último se han levantado dudas en las redes sociales. Según afirmaba antiayer el periódico El Nuevo Día, de los diez arrestados, al Sr. Montalvo fue al único que se liberó. Sin embargo, se suponía que el martes se presentara ante fiscalía por agredir a un policía, “daños a la propiedad, obstrucción a la justicia y violación a la Ley de Tránsito”.  Nos dice la noticia:

De otra parte Dennis Montalvo Concepción, de 31 años, no acudió hoy al Cuerpo de Investigación Criminal de San Juan, a donde fue citado para ser sometido a una rueda de confrontación ya que se le investiga por incitación a motín y cometer daños contra el edificio que alberga la empresa Liberty en Hato Rey.

En las redes sociales, se han circulado sus fotos y las aserciones de una persona que afirma que su presencia durante los acontecimientos vandálicos es extraña, ya que este estudiante era un estadoísta del corazón del rollo, “pro USA”.  También se publicó una foto del Sr. Montalvo con el logo de la campaña electoral de Ricardo Rosselló.  Se ha invitado a la gente a “llegar a sus propias conclusiones”.

El problema es que sin una investigación formal, usualmente las especulaciones en las redes sociales llegan a conclusiones erradas. (La película The Circle, aunque aburrida y algo confusa, ilustra perfectamente este punto).  Extraoficialmente, se nos ha dicho que la persona parece no ser un infiltrado. En realidad, no conocemos sus motivos para participar en la marcha, pero esperamos que no se pierda de vista el rol que jugó él en todo este caso. La noticia más reciente al respecto publicada por El Vocero revela que se le ha identificado como uno de los vándalos que rompió los cristales de uno de los bancos. Sin embargo, lo más extraño de todo ese texto es que afirma que no aparecen los agentes que arrestaron a varios de los atacantes.

Sin lugar a dudas, esto le echó más gasolina a la teoría de la “infiltración” por parte de agentes provocadores de la policía.  Parte de este alegato se ha podido confirmar sin lugar a dudas cuando la misma Superintendente admitió ante la prensa que habían oficiales vestidos de civil en la marcha.

Lo que no dudamos es que la inmensa mayoría de los que marcharon no tenían intención alguna de llevar a cabo actos de violencia. Y, de hecho, hay vídeos en los que se ve que los manifestantes reprobaban dicho comportamiento.

Abogados y abogadas observadores confirmaban que los actos violentos se dieron después de terminada la actividad de la marcha. La American Civil Liberties Union (ACLU) denunció algunos actos de la policía a la hora de advertir y arrestar a los vándalos que se separaron de la manifestación principal.

Por otro lado, el gobernador Ricardo Rosselló, “enojado”, afirmaba que se a “los responsables” del asunto pagarían por lo ocurrido, mientras que temerariamente intimidaba a los jueces de los tribunales si “dejaban caer los casos”. Esto es una vez más una amenaza a la vida democrática puertorriqueña y ha sido debidamente repudiada por el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. De hecho, durante esa rueda de prensa tan desafortunada, fue el periodista de Caribbean Business el que hizo la pregunta de mayor sustancia en relación con el tema.

Esto también se dio tras un fin de semana en que el gobernador emitió por los medios de comunicación dos mensajes de advertencia a los manifestantes del 1 de mayo, sin elaborar de manera alguna en torno al problema del manejo de la deuda. Sin embargo, estos y otros asuntos que discutiremos más adelante revelan que todo lo sucedido apunta a algo más grave que pintar con spray o romper cristales.

El contexto de los acontecimientos: la verdadera noticia

Desgraciadamente por las limitaciones de la misma prensa, raras veces se conectan los acontecimientos al contexto social en que ocurren. Es este escenario lo que más alarma, más allá de lo ocurrido en la Milla de Oro.

En Estados Unidos, el Presidente Trump (… perdonen, me da trabajo poner esas dos palabras juntas …) lanzó dos twits que implicaban lo que todos sabemos desde hace tiempo y es que en cuanto a la crisis de la deuda, Puerto Rico está realmente solo y no recibirá ayuda alguna del gobierno federal al respecto.

Este mero hecho, anuncia para los puertorriqueños una enorme crisis humanitaria en el área de salud. Literalmente, la gente enfermará y morirá por falta de medicinas y otros recursos médicos.

En el caso de la Universidad de Puerto Rico, la mayoría de su Junta de Gobierno rehusó aprobar el plan fiscal de la institución, por lo que se prevé que en el futuro quedará bajo el mando de un síndico.

Recientemente, algunos bonistas han demandado al gobierno de Puerto Rico por no pagar la deuda concerniente a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y otras porciones de la deuda de $73 millardos. Esto se dio después del tiempo concedido para renegociar la deuda. Como respuesta, el gobierno solicitó a la Junta de Control Fiscal que se acogiera al Título III provisto por la ley PROMESA (un mecanismo parecido al de una quiebra oficial y que es aplicable a los territorios) para que el gobierno quede a merced de un juez que restructurará la deuda. La Junta a su vez accedió a la petición. Esto significa que de ahora en adelante, el gobierno será un mero espectador de lo que ocurra. Dicha acción implicará recortes presupuestarios en todas las áreas del gobierno de Puerto Rico, con un efecto adverso a la economía. La Junta de Control Fiscal, institución que dudosamente representa el interés real de los puertorriqueños, será nuestra abogada ante dicho juez.

Obviamente, esta medida es mucho mejor que la alternativa, a saber, que el gobierno se someta a las crecientes demandas de unos bonistas con los que no podrá negociar de buena fe. El resultado de ello sería peor sin lugar a dudas, pero no alienta en absoluto a lo que ocurra de aquí en adelante.

Por otro lad, no apreciar estos factores evade la discusión de los siguientes puntos:

  • En las redes sociales se está planificando otro paro nacional, esta vez en el día del plebiscito de estatus pautado para el 11 de junio.
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  • Las medidas que se tomen a partir de junio tendrán una repercusión social en Puerto Rico que el gobierno intentará lidiar a nivel policíaco.
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  • La amenaza del ejecutivo a la rama judicial puede ser un preludio de un tipo de autoritarismo que crecerá a medida que se recrudezca la crisis.
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  • Por acción o reacción social, aumentará el nivel de violencia en Puerto Rico (sean o no por agentes provocadores gubernamentales o por oposición de varios sectores del espectro político).
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  • Sin lugar a dudas habrá una crisis humanitaria en Puerto Rico de grandes proporciones que no se ha visto desde la época de la Gran Depresión, lo que conllevará varias cosas: gente que perderá todo y no conseguirá empleos; cierre de más negocios en Puerto Rico agravando la espiral de la depresión; una crisis médica  y un aumento exponencial de la emigración.
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  • Podrían desaparecer varios municipios de Puerto Rico.
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  • Va a pulular la privatización de corporaciones y servicios públicos.

Quisiéramos tener un mejor panorama, pero eso es lo que prevemos si no enfrentamos seriamente lo que se avecina pronto. Lo que sí opinamos es que los puntos mencionados deberían ser el mayor enfoque de las noticias en los próximos meses y años, ya que esto es mucho más serio que la quema de banderas, cristales rotos o pintura de spray en las paredes. Sin embargo, acusar a la alcaldesa de San Juan de tomar parte de estos actos de violencia, evidencian a todas luces que el gobernador desea politiquear y no tratar estos asuntos en serio.

Nota aparte: Para añadir a estas desgracias, Gabriel Rivera, un estudiante que participaba de la huelga de la Universidad de Puerto Rico, se suicidó recientemente. Vaya nuestro pésame a su familia. Si usted conoce a alguien que ha mostrado señales de potencial suicidio, por favor considere llamar a los teléfonos de ayuda:  Línea Programa de Ayuda Sicosocial (PAS) 1-800-981-0023 / Suicide Prevention Life Line – Red Nacional 1-888-628-9454, 1-800-273-8255 / Inspira (Línea de consulta en crisis) 787-644-0559, 787-448-5651.

Economía y criminalidad: ¿qué nos dicen los datos sobre la inmigración ilegal?

Desde hace algunos años, se viene alegando en Estados Unidos que la inmigración ilegal ha contribuido significativamente al aumento de la criminalidad. Muchos de estos se hacen en ocasiones con bases anecdóticas y su razonamiento sigue más o menos el siguiente esquema:

La inmigración ilegal contribuye a la criminalidad porque X cometió un crimen y X es inmigrante ilegal. X no hubiera cometido crimen alguno si se le hubiera … arrestado, devuelto a su lugar de origen, etc.

Aunque parte de este razonamiento es una perogrullada (e.g. “Que X era inmigrante ilegal y X cometió un crimen, por lo tanto sin inmigración ilegal no se hubiera cometido el crimen”) cuando se va al plano social y de política pública, no es así exactamente.

Muchos de los inmigrantes ilegales provienen o de países vilmente explotados por potencias económicas mundiales e industrializadas, producto de serios conflictos internos, o países víctimas de la extrema pobreza. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que los inmigrantes ilegales en su mayoría no van a Estados Unidos “para cometer crímenes”. Al contrario, tienen ideales perfectamente nobles: mejorar su condición de vida y proveerle mejores recursos económicos para sus parientes, sea en el país donde desean vivir o siendo una fuente económica para aquellos de sus parientes que continúan viviendo en el país de origen.

Una de las más grandes preocupaciones en torno la criminalidad es la del terrorismo. El mes pasado, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió emitir una orden ejecutiva para detener el viaje de provenientes de aquellos países que “fomentan el terrorismo”. La razón de ello, alega el Presidente, es la siguiente:

Numerous foreign-born individuals have been convicted or implicated in terrorism-related crimes since September 11, 2001, including foreign nationals who entered the United States after receiving visitor, student, or employment visas, or who entered through the United States refugee resettlement program. Deteriorating conditions in certain countries due to war, strife, disaster, and civil unrest increase the likelihood that terrorists will use any means possible to enter the United States. The United States must be vigilant during the visa-issuance process to ensure that those approved for admission do not intend to harm Americans and that they have no ties to terrorism.

Pres. Donald Trump

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Foto cortesía de Gage Skidmore, CC-BY-SA 2.0).

Aparentemente,  el Presidente Trump firma esta orden como “una reacción” al ataque de Orlando, aunque nos parece que es más bien una movida política dirigida al sector antinmigrante de los Estados Unidos.  Sin embargo, se le olvida por completo que el atacante era un ciudadano estadounidense con unos serios trastornos mentales y que aparentemente no tenía lazos con organización terrorista alguna. Se le olvida también que el CATO Institute, un think tank notoriamente conservador, llevó a cabo un análisis de riesgos en torno al terrorismo por parte de inmigrantes de dichos países y su conclusión es que aun si incluimos acontecimientos como los del 9/11 y otros, la probabilidad de dicho ataque por parte de los inmigrantes es de 1 en 3,609,709 al año.  Procede también a indicar lo siguiente:

For 30 of those 41 years, no Americans were killed on U.S. soil in terrorist attacks caused by foreigners or immigrants. Foreign-born terrorism is a hazard to American life, liberty, and private property, but it is manageable given the huge economic benefits of immigration and the small costs of terrorism.

De los refugiados sirios en particular, ninguno de ellos ha llevado a cabo un ataque terrorista fatal en los Estados Unidos (véase también este artículo). Al contrario, es notable el hecho de que Arabia Saudita no fue incluida en la lista de países, dado que los atacantes del 9/11 fueron mayormente sauditas.

Sin que esto sea suficiente, los republicanos que favorecen estas políticas presidenciales afirman que estas son sistémicas y que las ejercía el expresidente Barack Obama. Cabe preguntarse, entonces, ¿por qué hacía falta una orden ejecutiva para ello si ya el sistema estaba haciendo la labor?  A fin de cuentas, no es de la manera ejecutada por Trump que funciona sus mecanismos estatales. Hay que acalarar que bajo el Pres. Obama sí se hizo un listado de países donde hay mayor riesgo de emigración de terroristas con la intención de atacar a los Estados Unidos. Lo que resulta una falsedad es decir que él hizo exactamente lo mismo que Trump en cuanto a esta materia. Los países en la lista fueron: Irán, Irak, Libia, Somalia, Siria, Sudán y Yémen.

Sin lugar a dudas, esta medida era totalmente irracional. La orden no detenía meramente a potenciales terroristas, sino también la inmensa mayoría de las personas provenientes de estos países que entraban a Estados Unidos legalmente y con propósitos legítimos, además de personas que traían ya consigo una tarjeta verde o tenían una ciudadanía dual. Entre varios de ellos se encontraban prestigiosos científicos,  estudiantes universitarios de diversas disciplinas y hackers y programadores profesionales que trabajaban benignamente en distintas compañías que laboraban sin problema alguno . Afortunadamente, se dejó sin efecto tal orden ejecutiva gracias a una determinación judicial, lo que ha desatado una cadena de ataques del Presidente a miembros de la rama judicial federal vía Twitter.

A pesar de toda esta tragicomedia política, siempre aparecen momentos de humanidad como reacción a estas medidas. Por ejemplo, algunos científicos hicieron disponibles sus laboratorios para aquellos que no pudieron viajar debido a esta política migratoria. El Vaticano ha estado estimulando la reunión de diversos movimientos populares a favor de políticas de protección al inmigrante y la Iglesia Unitaria Universalista de Estados Unidos está ofreciendo sus templos como albergues para inmigrantes ilegales que busquen refugio.

Otros aspectos de la política migratoria del Presidente continúan, como la búsqueda y deportación de inmigrantes ilegales, medida que ha tomado por sorpresa al sector agrícola estadounidense que emplea a dicha mano de obra. Lo que es extraordinario de todo esto es que años antes hubo un análisis que demostraba el potencial daño económico que implicaría unas políticas migratorias extremas. No … no provino de algún sector liberal o progresista, sino de unas organizaciones conocidas por su visión conservadora y republicana,  el  Partnership for a New American Economy y el Center for Global Development de Michael Bloomberg y Rupert Murdoch. Estos grupos sometieron un informe en el 2013 en torno a la mano de obra inmigrante y su aportación económica a la agricultura de Carolina del Norte. Entre otras cosas, este documento afirma lo siguiente:

  1. There is virtually no supply of native manual farm laborers in
    North Carolina:

In 2011, there were on average 489,000 unemployed people in North Carolina and approximately 6,500 available farm jobs offered through the North Carolina Growers Association. Despite the fact that each of these jobs was in or next to a county with over 10 percent unemployment, only 268 of the nearly 500,000 unemployed North Carolinians applied for these jobs. More than 90 percent of those applying (245 people) were hired, but just 163 showed up for the first day of work. A month in, more than half had quit. Only 7 native workers – or 3 percent of US workers hired – completed the entire growing season. By contrast, roughly 90 percent of all Mexican farm workers at the NCGA complete the growing season. In any given week, native farm workers are 30 times more likely to leave the job than Mexican farm workers. With 6,500 job openings, the 7 native workers who completed the season filled only
one-tenth of one percent of the jobs offered by the NCGA.

  1. No matter how bad the economy becomes, native workers do not take
    farm jobs:

Increasing unemployment has no impact at all on the number of native workers who complete the growing season with the NCGA, although it does correspond with a slight increase in the number who apply for farm jobs. The study shows that if unemployment rose from 2 percent to 14 percent, which would put hundreds of thousands of new people out of work, only about 100 more US workers would apply for NCGA jobs each year – just a sliver of the roughly 6,500–7,000 placements needed in recent years. Still, this spike in unemployment rate would not make US workers any more likely to finish a growing season at all.

  1. The North Carolina Growers Association spends more money to comply
    with the immigration laws designed to protect American workers than it
    does on salaries for all its American farm workers combined:

The North Carolina Growers Association spent more than $100,000 to advertise farm jobs and comply with immigration laws in 2011, while it paid out just $87,000 in wages to the seven native workers who completed the season working on the farm.

Esto refuta de manera decisiva uno de los argumentos más esgrimidos por el discurso antinmigrante: que los inmigrantes le “roban los empleos” a los nativos. Nada más lejos de la verdad. No importa cuan bien pague el patrono, no importa cuánto se intente proyectar el proletarismo agrícola como un trabajo digno, ni cuan “mala esté la economía”, sencillamente dicha labor no tiene demanda efectiva entre los estadounidenses, aunque así lo sea en el caso del inmigrante mexicano.

Lo otro que muestra son las implicaciones de la política migratoria de Trump:  el deportar a inmigrantes ilegales de Estados Unidos tendría un efecto devastador en la agricultura estadounidense.

The example of the North Carolina Growers Association affirms how deeply American farms depend on foreign labor, and how fundamental foreign labor is to making the agriculture industry run. Immigration policies can and should protect native employment, but should also not ignore economic reality. About two-thirds of hired farm workers in America today are foreigners, and America’s farms are depending steadily more on hired help and less on family members: according to the 2007 Census of Agriculture, paid employees made up about 60 percent of all farm workers, a substantial rise from the 40 percent share they made up in the 1990s (correspondingly, unpaid family members constituted 60 percent of farm workers nationally in the 1990s but only 40 percent today).

Esto ha llevado a no pocos sectores agrícolas que le llevaron al poder a vivir atemorizados ante la pérdida de mano de obra y podría generar una inflación causada por un posible aumento repentino del costo de alimentos, incluyendo aquel de ganado, sin hablar de la necesidad ulterior de descansar en mayores importaciones.

Ahora bien, debemos adentrarnos también en el asunto de la criminalidad. Desgraciadamente, el patrón social que acompaña a casi todo inmigrante ilegal es el grado de pobreza al que se enfrenta una vez pone su pie en el país anfitrión. Según algunos, esto condena a dicho territorio a la criminalidad. Desde un punto de vista científico social, este es un alegato empírico.

Marcha proinmigración

Marcha por la reforma migratoria estadounidense en 2006, San José, California (Foto cortesía de z2amiller, CC-BY-SA 2.0)

Una vez más, toda decisión de política pública debe tener buen fundamento empírico que dirija cualquier curso de acción. ¿Qué nos revela la evidencia?

Este año se publicó un artículo en la revista académica Journal of Ethnicity in Criminal Justice donde recoge los mejores datos disponibles en torno a la inmigración y su correlación con la criminalidad y demuestra que, contrario a lo que frecuentemente se supone, la tendencia de los inmigrantes (legales o ilegales) no es la de cometer crímenes. Al contrario,  dichas personas son las que menos riesgo implican para la sociedad en dichos términos. Steve Novella, en Neurologica Blog, llama la atención al hecho de que esto confirma un estudio publicado hace diez años que demostraba que un inmigrante, aunque fuera ilegal, tenía 20% de probabilidad de terminar en la cárcel cuando se le compara con un estadounidense. La razón de ello parece serque un inmigrante tiene mucho menos probabilidad de cometer un crimen que un nativo porque le presta mayor atención a las restricciones legales y sus correspondientes penalidades. Novella señala que es bien importante tener en cuenta de que ambos estudios tienen fallas significativas, por lo que sus resultados hay que cualificarlos y tomarlos cum granus salis.

Parece ser que la primera generación de estos inmigrantes, es decir, los inmigrantes acabados de llegar (legales o no), tienen una baja tasa de participación en actividades criminales o ilegales (excepto, por supuesto, su estancia ilegal). Sin embargo, la siguiente generación (los primeros hijos de los inmigrantes), a medida que se asimilan, tienden a aumentar su actividad criminal o ilegal, más o menos a la misma tasa que los nativos. Tampoco parece alterar en lo absoluto la tasa de criminalidad en las ciudades donde aspiran a vivir.

Esto contrasta marcadamente con los alegatos de Donald Trump durante su discurso de aceptación de su candidatura a la presidencia de Estados Unidos:

“[Undocumented immigrants] are being released by the tens of thousands into our communities with no regard for the impact on public safety or resources…We are going to build a great border wall to stop illegal immigration, to stop the gangs and the violence, and to stop the drugs from pouring into our communities.”

Toda la evidencia que se ha colectado desde los años 30, unay otra y otra vez hasta hoy demuestra exactamente lo contrario. Es más, de acuerdo con algunos estudios, la inmigración en las ciudades ha ayudado a reducir la tasa de la criminalidad. En el peor de los casos, ciertos estudios hechos con rigor (antes del publicado este año) mostraban que no hay base alguna para decir que los inmigrantes (fueran ilegales o no) son más propensos al crimen que los nativos.

Ciertamente, al mostrar todo esto no queremos implicar que la política pública correcta sea la de invitar a cualquier persona, incluyendo terroristas y conocidos criminales, a Estados Unidos o cualquier otro país. Al contrario, se deben continuar con ciertas políticas migratorias que realmente garanticen la seguridad y salud pública estadounidense. Sin embargo, lo que nos parece incorrecto es que la política aislacionista actual para terminar con el NAFTA, la creación de la muralla trumpeana para impedir la entrada de ilegales a los Estados Unidos mas su deportación masiva son varias de las decisiones desafortunadas contrarias a la economía estadounidense que el Presidente pudo haber tomado, sin hablar de la inhumanidad de lo que ello implica para los que buscan una vida mejor. En este hecho pueden estar de acuerdo conservadores, liberales y progresistas, a pesar de que el Presidente Trump haya hecho triunfar la ideología sobre la evidencia.

Referencias

Adelman, R., Reid, L. W., Markle, G., Weiss, S., & Jaret, C. (2017). Urban crime rates and the changing face of immigration: Evidence across four decades. Journal of Ethnicity in Criminal Justice, 15, 1, 52-77. doi: 10.1080/15377938.2016.1261057.

Butcher, K. F., & Piehl, A. M. (2007, jul.). “Why are immigrants’ incarceration rates so low? Evidence on selective immigration, deterrence, and deportation.” The National Bureau of Economic Research. doi: 10.3386/w13229. http://www.nber.org/papers/w13229.

Clemens, Michael A. (2013). International harvest. A case study of how foreign workers help American farms grow crops – and the economy. Partnership for a New American Economy
and the Center for Global Development.  http://www.renewoureconomy.org/sites/all/themes/pnae/nc-agr-report-05-2013.pdf.

National Commission on Law Observance and Enforcement. (1931). Report on Crime and the Foreign Born. Washington, D.C.: Government Printing Office.  https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/44548NCJRS.pdf.

Ousey, G. C.,  & Kubrin, C. E. (2009). Exploring the connection between immigration and violent crime rates in U.S. cities, 1980–2000. Social Problems56, 3, 447-473. doi: 10.1525/sp.2009.56.3.447.

Ousey, G. C., & Kubrin, C. E. (2014, sept.). Journal of Quantitative Criminology, 30, 3,  453-483. doi: 10.1007/s10940-013-9210-5.

Reid, L. W., Weiss, H. E.,  Adelman, R. M. & Jaret, C. (2005, Dec.) The immigration–crime relationship: Evidence across US metropolitan areas. Social Science Research34, 4, 757–780. doi:  10.1016/j.ssresearch.2005.01.001.

Taft, D. R. (1933, 1 oct.). Does immigration increase crime? Social Forces, 12, 1,  69-77. doi: 10.2307/2570119.

El impacto de las elecciones sobre las ciencias

Donald Trump y Ricardo Rosselló

A la izquierda, Donald Trump. Foto cortesía de Michael Vadon CC-BY-SA 2.0 / A la derecha, Ricardo Rosselló Nevárez. Foto cortesía de Edgardo Colón CC-BY-SA 4.0.

Los resultados de las elecciones del 2016 de Estados Unidos y Puerto Rico son noticias devastadoras en lo que concierne al ámbito de las ciencias, la lucha por los derechos humanos y la educación.
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Primera parada: Puerto Rico

En Puerto Rico, los resultados de las candidaturas a la gobernación no sorprendieron a nadie. Lo que sí dejó perplejos a algunos analistas políticos es el grado de insatisfacción que siente la población puertorriqueña con los partidos tradicionales. Más aun, fue refrescante la noticia de que una candidata independiente Alexandra Lúgaro, quien se autodefinió como atea, independentista y a favor del canabis (asunto del que hablaremos en otro artículo), haya obtenido el favor de una porción significativa de los votantes boricuas. Además, por primera vez en mucho tiempo, ningún candidato a la gobernación ganó por más del 42% de los votos. El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Partido del Pueblo Trabajador (PPT) juntos no lograron llegar ni al 3% de los votos.  El Prof. Bernabe decidió no volver a postularse para el próximo cuatrienio como candidato a la gobernación, mientras que el PIP comienza el ya el acostumbrado ritual de “autoevaluación” para concluir que el resto del mundo está mal excepto el partido y así reinscribirse (mi predicción, espero estar equivocado).

Esto lanza varias señales. Una de ellas es que ya los puertorriqueños están perdiéndole el miedo a candidatos que se autodenominan públicamente ateoso que no profesan creencia alguna en alguna religión formalizada. Es más, me consta personalmente que han habido políticos agnósticos o ateos en la legislatura, pero que aun así no lo expresaron públicamente. Ya es tiempo para ellos “salir del closet“.

No debemos perder de vista que hubo un alto nivel de abstención en Puerto Rico. Sin embargo, es importante mencionar el hecho de que la cifra de 45% de los electores es algo inflada. No olvidemos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que se incluyeran a aquellos que no votaron en las elecciones pasadas. Para este año, ya algunos de ellos habían abandonado nuestro archipiélago.

Dadas estas circunstancias, hay que señalar que Rosselló debe estar conciente de que, como cabeza de la rama ejecutiva, él no tiene un mandato fuerte para la estadidad o su programa de gobierno, ya que el PNP obtuvo votos muy por debajo de la mayoría absoluta y casi a la par con el PPD. Sin embargo, sus planes parecen girar en torno a esa propuesta de estatus y ese va a ser el grueso de la discusión durante los próximos años, además de su impotencia ante la todopoderosa Junta de Control Fiscal.

Además, las semillas de ciertos contribuyentes a su candidatura empezaron a dar frutos. El predicador evangélico Jorge Raschke se reunió con Rosselló para felicitarle por su triunfo.

Es interesante ver que la primera preocupación del nuevo ejecutivo como política pública no es comenzar el proceso de solicitar la estadidad al Congreso (de hecho, tiene la visión equivocada de que el Presidente es el que la concede … o algo parecido). No, la primera gestión es la de cambiar algunos aspectos de la carta circular en torno a la enseñanza con perspectiva de género en las escuelas públicas. Obviamente activistas feministas, como María Dolores Fernós reaccionaron ante este tipo de declaraciones afirmando muy correctamente que el Dr. Rosselló no entiende mucho del tema y que de lo que se trata la carta circular es el énfasis en la igualdad de dignidad de todo ser humano independientemente de su sexo o género. Nada de esto debe extrañar al público, ya que en su campaña Rosselló se comprometió ideológicamente como “católico cristiano” (whatever that means) a estar en contra de la enseñanza con perspectiva de género.

En cuanto a las ciencias como campo, no creemos que Rosselló vaya a afectar las ciencias mediante sus visiones ideológicas. Sin embargo, existe una gran preocupación en cuanto al estatus de la Universidad de Puerto Rico bajo la supervisión de la Junta. Se podría afectar el acceso a fondos estatales o federales para los fines de la investigación científica.

Seguro que los grupos de derechos humanos y otros tendrán mucho que luchar en los próximos 4 años, pero nada … NADA … se compara con el problema inmenso que representa la elección de Donald Trump en Estados Unidos.
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Segunda parada: Los Estados Unidos

El triunfo de Donald Trump fue prácticamente inesperado para el mundo entero, no solo para los Estados Unidos. Debido al sistema vigente, pero anacrónico y obsoleto, de los colegios electorales, la candidata demócrata Hillary Clinton ganó el voto popular, pero perdió el de los electores. Esta sería la cuarta ocasión que un presidente gana por colegio electoral a pesar del favor de la mayoría de la población estadounidense. Algunos están hablando de fascismo y dictadura, pero el Prof. Ángel Rosa nos recuerda que estas racciones son un tanto exageradas. Aun con un Congreso republicano, es muy improbable que Trump haga “lo que le dé la gana”.

No obstante la matización, no podemos bajar la guardia ante esta novel situación política. Tan pronto fue electo, Trump comenzó el proceso de selección de la gente que le acompañará en el ejecutivo y su lista no es nada agradable.

Durante su campaña política, él intentó desacreditar el carácter antropogénico del cambio climático. En ocasiones, hizo alegatos extraños e ignorantes como los siguientes:

Aunque algunos tenían esperanza de que no hiciera buena su promesa, Trump comenzó por escoger a Myron Ebell como director de transición de poder en la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Las voces de la comunidad científica no se hicieron esperar. La versión cibernética de la revista divulgativa Scientific American publicó un artículo al respecto, señalando que Ebell es un llamado “escéptico” de la antropogénesis del cambio climático y miembro del Center for Energy and Environment, un tanque ideológico conservador en torno a temas del ambiente.

Eso no es todo. Aunque parezca increíble, Trump considera nominar a su exrival de primarias Ben Carson para liderar el Departamento de Educación federal. Carson es un neurocirujano procedente de un sector fundamentalista protestante en los Estados Unidos, quien ha dedicado sus energías al combate de la enseñanza de la teoría de la evolución neodarwiniana en las clases de ciencias en las escuelas públicas de Estados Unidos. También niega explícitamente la antropogénesis del cambio climático o la mera existencia de este. No solo eso, sino que en una predicación, fue tan lejos como para postular la hipótesis de que las pirámides probablemente fueron construidas por el patriarca hebreo José para guardar los granos que necesitaba Egipto para los siete años de sequía…

… y que Satanás inventó la teoría de la Gran Explosión (Big Bang).

Tengamos eso en cuenta cuando pensemos que Ben Carson puede ser que termine a cargo de la educación de los niños estadounidenses a nivel nacional.

Lo mismo se puede decir del vicepresidente electo Mike Pence, quien no solo sostiene perspectivas semejantes a las mencionadas, sino que las ha defendido abiertamente en el Congreso de los Estados Unidos.

Además, Pence tampoco cree que fumar tabaco o cigarrillo sea dañino a la salud. Para el horror de la comunidad LGBTI, también favorece las desacreditadas “terapias” de conversión de homosexuales a heterosexuales.

Hay otras noticias que parecen indicar que la presidencia de Trump va a estar caracterizada en parte por un intento de crear una teocracia republicana.

Ante este panorama, el futuro cuatrienio se ve difícil tanto en los ámbitos de las ciencias como de los derechos humanos. Esto implica que activistas bien orientados en cuanto a estos temas tenemos que salir a la calle a defender la razón y las ciencias en estos tiempos en los que se asoma de nuevo la oscuridad racional, intelectual y espiritual.