Se acerca la temporada electoral y con ella, aparecen nuevos candidatos al panorama político. El primero fue una agrupación partidista conocida como Movimiento Victoria Ciudadana liderado por Alexandra Lúgaro, Manuel Natal, Néstor Duprey y otras figuras públicas.

Por otro lado, aparecen unos payasos profesionales para proponerse como candidatos con el objetivo de atraer la atención, como es el caso del Partido Extraterrestre Omnipotente. Este fue creación del famoso charlatán de feria, Reinaldo Ríos. No voy a hacer un solo análisis de sus propuestas ni denigrarme con mencionar las siglas de su “organización”.

También emergen personas que no conozco bien, pero que se han destacado en las redes sociales con claras aspiraciones políticas. El caso que nos incumbe es el de Eliezer Molina, que creó la organización Conciencia y que ayer dio a conocer su deseo de postularse a la gobernación. Esta mañana fue entrevistado por Rubén Sánchez.

De acuerdo con Molina, una de sus propuestas para limpiar al gobierno de la corrupción es la de destituir a todos los jueces de Puerto Rico mediante el voto directo del pueblo.

Me parece que mucha gente simpatizará con esta posición, pero es un grave error.

El sistema de frenos y contrapesos

El sistema de frenos y contrapesos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el de Estados Unidos se predica en el hecho de que en un gobierno democrático es el gobierno del pueblo. Mucha gente piensa que, en una democracia, son las mayorías las que “mandan”. Idealmente, no es así.

Sí, la mayoría de una población elige a la cabeza de la rama ejecutiva, el gobernador de Puerto Rico. A su vez, con base en la Constitución y las leyes electorales, las mayorías pertinentes eligen a su vez a sus más directos representantes, los legisladores municipales y por acumulación.

La rama judicial es distinta. Los jueces no son electos por el pueblo de Puerto Rico, sino que son nombrados por el gobernador y confirmados por la legislatura. En el caso del Tribunal Supremo, los asambleístas de la Constituyente que redactaron la Constitución del ELA de Puerto Rico, tomaron una sapientísima decisión. Estaban completamente concientes de la historia del plan (frustrado) de “courtpacking” de Franklin Delano Roosevelt. Al llevar a cabo el Nuevo Trato, Roosevelt tuvo la desgracia de que el Tribunal Supremo federal decidía en contra de varias de sus iniciativas. Pues, para remediar la situación, el presidente anunció en 1936 que aumentaría el número de miembros de dicho tribunal para que fallara a favor de él. Por supuesto, su anuncio se tomó con mucha frialdad aun dentro de su partido. En Puerto Rico, aprendiendo de esa lección, los constituyentes decidieron que para impedir eso, todo aumento o reducción del número del Tribunal Supremo debía ser por iniciativa de esta misma rama de gobierno. Además, una vez nombrados y confirmados a su puesto, fuera de unos contados casos, ese nuevo juez cumplía un término fijo en el que no podía ser removido, fuera de serias violaciones de ética.

¿Por qué tanto celo por estas medidas? Pues, para fortalecer la autonomía judicial. Le toca a los jueces interpretar las leyes y aquellos asuntos que tuvieran que ver con la constitucionalidad de alguna legislación u ordenanza ejecutiva, especialmente si la decisión correcta contravenía a la rama ejecutiva y la legislativa.

La mala idea de que los jueces sean electos por la mayoría del pueblo

Dado que los legisladores son electos por la mayoría del pueblo, al igual que el gobernador, ¿por qué no serían los jueces electos por el pueblo?

La respuesta es sencilla: en tal caso, la democracia se convertiría en una dictadura de la mayoría. Para todos los efectos, cesaría todo freno y contrapeso.

Para comprender el problema, recordemos muchos de los casos más importantes de los tribunales federales y locales. Tal vez, una de las decisiones más significativas en la esfera estadounidense ha sido la de Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954). El caso cuestionaba de raíz las leyes de segregación de los estados sureños, específicamente el problema de que los niños afroamericanos no pudieran ingresar a las escuelas para blancos. Este caso fue atendido por iniciativa del presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren, quien consiguió una opinión unánime de los demás miembros al decir, contra las leyes de segregación y la “soberanía de los estados”, la siguiente frase memorable: “separate educational facilities are inherently unequal.” De golpe, contra la opinión y reservas populares de los votantes, en su mayoría blancos, el Tribunal decidió hacer valer un derecho fundamental de los afroamericanos en Estados Unidos. ¿Qué hubiera ocurrido si los jueces fueran electos por la mayoría blanca y le hubieran hecho promesas de campaña? Creo que hubieran tardado muchas décadas más en eliminar esas odiosas legislaciones Jim Crow.

Esto no solo es válido en el Tribunal Supremo Federal, sino en los tribunales federales de distrito. Tómese el caso de Kitzmiller v. Dover Area School District, 400 F. Supp. 2d 707 (2005). Este fue un caso en el que unos maestros de ciencias unánimemente decidieron no leerle a sus estudiantes una nota que decía: “la evolución [darwiniana] es una teoría, no un hecho” y que debían contemplarse otras alternativas, tales como el designio inteligente (DI). Esta perspectiva se asocia políticamente con los conservadores republicanos estadounidenses. Varios padres de los estudiantes y los maestros, junto a las fuerzas del National Center for Science Education (NCSE) y la American Civil Liberties Union (ACLU), llevaron el caso al Tribunal Federal del Distrito de Pennsylvania. Los partidarios del DI habían celebrado que quien iba a presidir el caso era nada menos que John Edward Jones III. ¿Quién era él? Un juez sumamente conservador, que se identificaba ideológicamente como un construccionista estricto, nombrado por George W. Bush, protegido de Tom Ridge, del Estado de Pennsylvania, y recomendado a su silla judicial por Rick Santorum. También tenía fama de promover activamente la privatización de las tiendas del Estado de Pennsylvania y quería censurar el anuncio de una bebida en la que había una rana haciendo un gesto ofensivo. Así, pues, los litigantes no sabían qué esperar como resultado. Al final del juicio, los abogados de los partidarios del DI se dirigieron al juez diciendo: “Su señoría, no sé si usted habrá notado que este caso ha durado cuarenta días y cuarenta noches.” A eso, el juez respondió con una sonrisa en sus labios: “¡Pero no fue por designio!” (But it wasn’t by design!) Cuando emitió su veredicto, para sorpresa agradable de los demandantes, el juez Jones escribió una magistral decisión a favor de ellos, que explicaba con lujo de detalles los problemas científicos y constitucionales de enseñar el DI en las clases de ciencias. Ese escrito de 139 páginas fue lo suficientemente poderoso para que no se apelara al Tribunal Supremo federal. En el documental, Judgment Day, cuando se le preguntó por qué decidió a favor de los demandantes, se expresó de la siguiente manera:

En una era en que tratamos de curar el cáncer, cuando estamos tratando de evitar pandemias, cuando estamos tratando de mantener la educación más avanzada en las ciencias y las matemáticas en los Estados Unidos, introducir y enseñarle mala ciencia a los estudiantes de noveno grado no me tiene sentido. “Garbage in, garbage out” [entra basura, sale basura]. No nos beneficia a nosotros, que nos beneficiamos diariamente de los descubrimientos científicos.

PBS, Judgment Day, Intelligent Design on Trial 01:47:02-01:47:30, mi traducción.

Aunque el Estado de Pennsylvania es uno de los estados que ambos partidos estadounidenses desean ganar, si imaginamos un mundo en que eligieran a jueces federales por el voto electoral y el juez Jones fuera escogido por la mayoría republicana, ¿no se sentiría comprometido hacia los partidarios de él para tomar una decisión distinta?

Ahora veamos uno de los casos más importantes que se dio en Puerto Rico. No es misterio lo que ya está ampliamente documentado, que, por décadas, el independentismo ha sido marginado y perseguido por la Policía de Puerto Rico —con sus unidades de inteligencia— y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI). A nivel local, a finales de la década del 80, el entonces Representante a la Cámara de Representantes por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), David Noriega, logró una moción de información al Superintendente de la Policía relacionada con el tema. Eventualmente, hubo algunas demandas que se consolidaron contra este oficial público y el Secretario de Justicia para que hicieran disponibles las carpetas que tenía la unidad de inteligencia local contra los independentistas. La decisión de parte del Tribunal de Primera Instancia fue histórica y reveló, contra el interés de la rama ejecutiva electa mayoritariamente por los puertorriqueños, las operaciones que violaban los derechos de una minoría. Les recuerdo que, aunque estos derechos fueron reconocidos para este sector político, su decisión afectó a todos los puertorriqueños. En el proceso, se reveló por la divulgación del material de inteligencia, que las unidades de inteligencia también estaban espiando a estadolibristas y estadoístas. El tribunal que atendió el caso determinó que es inconstitucional “carpetear” a ciudadanos por razones políticas o ideológicas. Como era de esperarse, el gobierno de Puerto Rico fue en alzada, pero el Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuya mayoría fue nombrada por ejecutivos del mismo partido del gobernador, declaró inconstitucional la práctica. (Noriega v. Gobernador, 130 D.P.R. 919 (1992))

Todas estas decisiones —y otras joyas judiciales— fueron posibles en gran parte a que los jueces no eran electos. Así, un pueblo gobierna, tanto las mayorías como las minorías, manteniendo un estado de derechos. En el caso de caer en una dictadura de la mayoría, no habría foro alguno en la esfera judicial en donde la minoría pudiera defender sus derechos.

Otros problemas con la propuesta

Molina parte de unas premisas cuestionables, de que el sistema judicial es corrupto y que sería mucho más sano si fuera electo directamente por el pueblo. Señala él al presidente del Senado, Rivera Schatz y al gobernador de Puerto Rico, Rosselló Nevárez. Tal vez, el asunto del llamado “WhatsApp Gate 2.0” le eche más gasolina a su descontento junto al de todos nosotros. Este es un razonamiento falaz.

Puede ser que se esté en contra de que el gobernador nombre jueces y que el senado bajo Rivera Schatz los confirme. Entiendo esa posición. Me acuerdo cuando Freddy Valentín estaba a cargo de la Comisión de Nombramientos del Senado y cómo el abuso de esa posición entre otras cosas le llevó directito a ser convicto por fraude, extorsión y lavado de dinero. Eso significa que, durante su incumbencia en ese puesto, junto a los senadores de la comisión, le dio el visto bueno a varios jueces. Dada esta información, siempre nace la duda razonable en nuestra mente.

No obstante esta indignación que se siente ante este panorama tan desalentador que vivimos actualmente, la convicción de que bajo el voto popular habría una judicatura más pulcra se cae de manera muy sencilla, con tan solo dos preguntas:

• ¿Cómo llegó el gobernador Rosselló Nevárez a su puesto?
• ¿Cómo llegó Rivera Schatz a su puesto como senador?

Les aseguro que no fue por obra y gracia del Espíritu Santo ni por actos malévolos de Satanás. Fue por los puertorriqueños que salieron a votar. ¿Qué garantiza que si el pueblo votara en las elecciones, habrían mejores jueces?

Voy más allá. Aun si fuera como quiere Molina, que los jueces no sean “políticos” antes y después de su término, esa salvaguarda no necesariamente daría los frutos que vislumbra. Hace falta ver los detalles de la propuesta cuando él publique su “Antídoto”, pero el problema radica en la ignorancia generalizada del pueblo —incluyendo a este servidor— en torno a cómo se bate el cobre en la rama judicial, quién es quién en el mundo de la abogacía y los detalles en torno al ámbito jurídico. Simultaneamente, cualquier elección judicial a nivel popular implicaría necesariamente propaganda política en los medios. Esto no subsanaría la corrupción, porque los jueces se comportomportarían más como “los políticos” que tanto denuncia la gente. En fin, la disparidad entre lo que se promete y lo que se cumple son constantes en elecciones. Si me dieran un vellón cada vez que un “político”, el que sea, ha faltado a su promesa e imagen de campaña …

Esto significa una apertura a las campañas políticas en la que los candidatos en cuestión se abran a recibir dinero, sea del estado o sea de fondos privados. Este último factor es la posibilidad más terrible, dado a que rigen en Puerto Rico las decisiones, en esta ocasión nefastas, del Tribunal Supremo federal: Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 310 (2010) y McCutcheon v. Federal Election Commission, 572 U.S. 185 (2014). ¿Cómo planifica Molina enfrentarse a esas determinaciones, que en nuestro contexto sería colonial? Aunque provean un mínimo (… de lo mínimo … de lo mínimo … de lo mínimo …) de transparencia en la vida electoral de todos los puertorriqueños, gracias a ellas, la aportación corporativa se ha convertido en “libertad de expresión”. ¿Va a impedir Molina que los jueces reciban dinero privado para sus campañas políticas? ¿En serio quiere abrir esa puerta nebulosa?

Una propuesta

Una vez más, tenemos que esperar a la publicación de su “Antídoto” completo para tener una mejor idea de lo que quiere Molina.

Con lo señalado anteriormente, no niego que hay jueces corruptos o que voten partidistamente. Eso es válido hasta en el caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuya mayoría fue nombrada por gobernantes del Partido Nuevo Progresista (PNP). Como diría Francisco Catalá Oliveras, la perfección no es posible y yo añadiría, tampoco en la rama judicial. El argumento que aquí presento es que si decidimos entre el sistema actual y el electoral para los jueces, la primera es la mejor.

Por otro lado, en vez de una elección popular, ¿por qué no crear un organismo independiente, compuesto de gente con experiencia y conocimiento, favorecida por múltiples sectores sociales que recomienden algunos candidatos para ser nombrados por el gobernador? Me parece que esta es una medida mucho más sensata para ir subsanando paulatinamente el problema de la corrupción. Aunque estrategias parecidas se han llevado a cabo en los Estados Unidos —dentro de su contexto electoral—, entiendo que no es nueva en Puerto Rico en nuestra realidad jurídica. Sobre este último detalle histórico, debo investigar un poco.

En mi opinión como alguien que no es abogado, me parece que esto es muchísimo mejor para combatir la corrupción que el poner a los jueces a ser electos por la mayoria del pueblo.

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