El problema de la “soberanía alimentaria”

El novelista Uwe Pörksen y el crítico social, Iván Illich, hablaban de lo que llamaban “palabras amebas” o “palabras plásticas“. (Cayley 253-259; Poerksen) Estas son términos que se suelen usar y repetir en distintos contextos, en ocasiones muy dispares, adquiriendo significados diversos. Se convierten en modas que tienen un impacto social al ser pronunciadas, modificando la actitud de una conversación o escrito. Aun con eso, tras un pequeño rasguño de su significado revela que, en el fondo, lo que dicen es poco o nada. Como las amebas o como el plástico, se adoptan y se estiran para usarse en cualquier circunstancia. Yo añadiría que muchas de ellas tienden confundir la conversación en vez de aclararla. Uno de esos términos plásticos que están de moda en Puerto Rico es el de “soberanía alimentaria”. Lo he criticado antes cuando hablamos de la obra de Naomi Klein y aquí voy a extenderme más al respecto.

Vamos a poner en perspectiva lo que es “soberanía” para acordar, al menos provisionalmente, lo que significa “soberanía alimentaria”. Como muy bien nos recuerda el independentismo en Puerto Rico, “soberanía” se refiere a la capacidad que tiene un pueblo de gobernarse a sí mismo. Siguiendo esa línea clara de pensamiento, un pueblo manda sobre su propia tierra y su destino, está ejerciendo ese principio de la soberanía. Si no tiene esa capacidad, entonces no es soberano. El hecho colonial es uno que no es negado a estas alturas por nadie en Puerto Rico, excepto por algunos sectores del Partido Popular Democrático que continúan soñando con que en 1952 se resolvió el problema del estatus. La presencia de la Junta de Control Fiscal y la ley de cabotaje desmitifican crudamente estos ejercicios de autoengaño.

Ahora bien, ¿qué quiere decir entonces “soberanía alimentaria”? Es razonable derivar de lo anterior que se trata del uso de la tierra por parte de un pueblo que se gobierna a sí mismo para dictaminar una política pública de producción, consumo propio y exportación de sus propios alimentos, preferiblemente de manera sostenible. Estrictamente hablando, Puerto Rico no tiene soberanía alimentaria, porque no tiene soberanía política. Si los puertorriqueños no somos soberanos, no podemos establecer políticas públicas propias para fines agrícolas. Así que, bien entendida, una soberanía alimentaria es imposible bajo el coloniaje.

Ahora bien, como reconocen el estadoísmo, el independentismo y los soberanistas libreasociacionistas, esto no quiere decir que no haya espacio para establecer política pública. De hecho, si quisiéramos, podríamos estructurar la economía de tal manera que la pusiera a producir más, aun dentro de nuestras severas limitaciones. Eso podría lanzarnos en un rumbo hacia la muy deseada “soberanía alimentaria” para un futuro Puerto Rico soberano y libre.

Ahora, ¿qué entienden muchos por “soberanía alimentaria”? Aquí perdimos totalmente su significado genuino, para anejar a este término, de manera conceptualmente incoherente, una serie de convicciones: estar en contra de la explotación de nuestras tierras por las grandes corporaciones, la prohibición a sustancias como el glifosato, el establecimiento de cooperativas agrícolas orgánicas y la promoción de la permacultura, entre otros. Esto parecería ser una política coherente a primera vista, al menos desde un punto de vista ideológico. Impedir la explotación de nuestras tierras por compañías extranjeras, la prohibición del glifosato —originada por una compañía extranjera—, el establecimiento de cooperativas agrícolas suena a economía autosostenible y de la producción orgánica como una manera de conservar las tierras.

De hecho, sin hacer un análisis crítico de estas perspectivas a la luz de la evidencia científica al respecto, ha llevado a muchos movimientos soberanistas a “marchas contra Monsanto” y a llevar a cabo actividades contra la tecnología transgénica y uso eficiente de pesticidas. Contrario a lo que piensan, estas actividades suponen premisas que, de hecho, amenazarían cualquier intento de una futura “soberanía alimentaria”.

El costo de la agricultura orgánica para África y Latinoamérica

Como dijimos en otra ocasión, contrario a lo que se quiere proyectar al público, la Organización de Naciones Unidas no promueve los cultivos orgánicos, en gran medida porque sus costos, tanto para los pobres como para la Tierra, son bien conocidos. La posición oficial del organismo de la Organización de Alimentos y Agricultura (FAO) de ese organismo internacional establece que la producción orgánica es inviable para la alimentación mundial.

La producción orgánica en general, aunque no en todos los casos, suele ser mucho más ineficiente que la convencional. Ese mero factor implica que su expansión en el mercado añadirá, no reducirá, los costos de los alimentos, haciéndolos más inaccesibles a los pobres. Como consecuencia, no se puede alegar que la producción orgánica está en sintonía con una aspiración a la justicia social a nivel mundial. De hecho, fomentarlos sería la antítesis directa de una aspiración a que más personas en el mundo puedan comer y acceder a una mejor calidad de vida.

Este factor de la falta de eficiencia de producción agrícola orgánica se ha constatado una y otra vez en la literatura científica como, por ejemplo, los casos de Estados Unidos, Austria, Alemania y Europa en general. De hecho, un metaanálisis reciente confirma que, a nivel mundial, la producción de alimentos orgánicos es en promedio 15% menos eficiente que el convencional. En unas revisiones científicas, el promedio es de 20 a 30%. Esto no significa que la agricultura orgánica deba descartarse a priori. Dentro de esa misma industria, se buscan maneras valiosas de que sus prácticas de sostenibilidad se incorporen más a la agricultura industrial, cerrando así la brecha entre esta y la convencional a medida que pase el tiempo. Por otro lado, el impedimento del uso de nuevas tecnologías de modificación genética y ciertos pesticidas hace este proceso uno mucho más lento y dañino.

Como bien saben los economistas, las ineficiencias cuestan. Este costo pasa a la sociedad de una manera u otra. El alto costo de la producción orgánica hace que su mercado se dirija a las clases altas, al sector de la clase media que pueda pagarla, a las élites de las áreas urbanas y a los países industrializados. Este último factor pasa inadvertido para muchos propagandistas de ideología verde que piensan que la agricultura orgánica en los países pobres hará que sus agricultores puedan autosostenerse. Sin embargo, los estudiosos del tema saben que la exportación principal de la producción orgánica de los países africanos se destina a Europa y sus élites nacionales. (Paarlberg intro., caps. 1, 3) El caso de África demuestra muy claramente que la promoción de alimentos orgánicos tiene el efecto de aumentar la brecha entre ricos y pobres, no su reducción.

En el caso de Latinoamérica, este hecho adopta también otra forma. Ya se han empezado a vincular las políticas verdes europeas con la destrucción natural de Suramérica. El rechazo de Europa a tecnologías, como los cultivos transgénicos, el glifosato y la prohibición de los pesticidas neonicotinoides, además de los incentivos de la industria orgánica, ha reducido por mucho el rendimiento de los cultivos en general de ese continente. Como resultado, Europa ha aumentado considerablemente su importación de alimentos de otras partes del mundo, particularmente de Latinoamérica. Si hubiera una política pública científicamente fundamentada con las mejores tecnologías agrícolas, muy probablemente hubieran maximizado la producción utilizando cada vez menos cantidad de terreno, pero aumentando sus exportaciones. Esto hubiera minimizado el impacto a la naturaleza en Europa y su externalización a otros lugares del mundo. Sin embargo, al limitar cada vez más estas tecnologías, la importación de soja de Brasil para el ganado ha tenido un serio impacto en el Amazonas. Por años, este hecho fue reconocido por la organización Amigos de la Tierra, que irónicamente se ha opuesto a los transgénicos y ha promovido la producción orgánica, promoviendo así el incremento exponencial de terreno agrícola. A raíz de un futuro del tratado de libre comercio entre Europa y los países de Mercosur, recientemente, 600 científicos europeos expresaron serias preocupaciones sobre el impacto que esto tendría sobre los ecosistemas de Latinoamérica.

Como recientemente han encontrado científicos suecos y alemanes, a la hora de evitar las emisiones de gases de invernadero, las ineficiencias de la producción orgánica significan que es menos efectiva en relación con la agricultura convencional.

Como si no fuera suficiente, gradualmente se ha estado reconociendo el hecho de que, aun cuando ha aumentado el mercado de alimentos orgánicos, los agricultores en general no se han beneficiado mucho de su práctica.

Por otro lado, la evidencia es abundantísima de que los cultivos transgénicos han ayudado a sacar a muchos agricultores de la miseria en diversos países del mundo. Metaanálisis y otros estudios lo han demostrado una, otra y otra vez. Además, como han indicado varios estudios, también han evitado las emisiones de gases de invernadero. Para el 2016, previno emisiones equivalentes a la de 16.75 millones de carros en la carretera.

La tecnología del uso de pesticidas: el asunto del glifosato

La actitud de agencias públicas de salud a nivel internacional sobre la determinación de la IARC

El uso del glifosato se ha convertido en un asunto mucho más contencioso de lo usual a raíz de las recientes demandas contra Bayer, debido a que su producto, Roundup, lo contiene como ingrediente activo. El hecho de que la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer (IARC), una rama de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo haya clasificado en el año 2015 como probable carcinógeno y que las botellas de Roundup no hubieran incluido un sello que lo estipulara, ha llevado a Monsanto/Bayer a unos aprietos. Según la evidencia científica, no debería pasar por este calvario de litigaciones.

La monografía de la IARC, donde se hizo la determinación, ha sido seriamente criticada o diferida por cada agencia pública de salubridad y de riesgo del mundo, incluyendo a la OMS. He resumido en un artículo anterior las serias deficiencias de la monografía que llevaron a una conclusión errada. Veamos lo que estas agencias de salubridad y seguridad tienen que decir:

• Informe conjunto del 2016 de la OMS/FAO sobre varios pesticidas. Sobre el glifosato, pp. 19-28. Conclusión:

The Meeting concluded that the long-term dietary exposure to residues of glyphosate from uses that have been considered by JMPR is unlikely to present a public health concern. …

The Meeting concluded that it was unnecessary to establish an ARfD for glyphosate, and therefore an IESTI for glyphosate was not calculated. The Meeting therefore concluded that short-term dietary exposure to glyphosate residues is unlikely to present a risk to consumers.

pp. 27-28

• El Instituto Federal de Evaluación de Riesgos en Alemania (BfR) rindió un informe abarcador en torno al tema, tal vez el más abarcador del mundo en el momento, donde reunía todos los datos disponibles al respecto. Su conclusión fue que no había evidencia alguna de que el glifosato fuera cancerígeno. Cuando la IARC publicó sus su monografía, el BfR leyó su análisis y difirió de su conclusión. Todavía el BfR sostiene que no se ha podido establecer vínculo causal alguno entre el glifosato y el linfoma no-hodkiano o cualquier otra forma de cáncer.

• La Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA) también ha concluido, a raíz de estudios abarcadores, que no hay evidencia de que el glifosato y cualquier tipo de cáncer estén causalmente vinculados. Para darle credibilidad a sus conclusiones, la misma EFSA ha hecho disponible los documentos y los datos crudos de su investigación y evaluación. Estos suman cerca de 6,000 páginas. También incluyó una documentación para los no especialistas.

• La Agencia Europea de Químicos (ECHA), a petición de la EFSA, hizo una evaluación minuciosa de los estudios en relación con el glifosato y llegó a la conclusión de que no había evidencia de relación causal entre el glifosato o cualquier tipo de cáncer. Vale indicar que, al igual que la IARC, su evaluación fue de peligrosidad (hazard) y no de riesgo (peligrosidad + exposición). Aun así, su conclusión difiró de la IARC.

• Health Canada, a raíz de las conclusiones de la IARC, hizo una reevaluación de la genotoxicidad del glifosato y concluyó, una vez más, que no había relación alguna entre esta sustancia y cualquier otro tipo de cáncer.

• La Autoridad de Protección Ambiental de Nueva Zelanda criticó la monografía de la IARC, le dejó saber sus serios defectos de análisis y concluyó que la mejor evidencia disponible no establecía la genotoxicidad del glifosato.

• La Autoridad Australiana de Pesticidas y de Medicamentos Veterinarios radicó hace dos años (2017) un informe en torno a la regulación del glifosato. Concluyó a raíz de su evaluación de la evidencia disponible que el glifosato no representaba de manera alguna riesgo de incremento de incidencias de cáncer.

• La organización Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) ha auspiciado el famoso Estudio de la Salud de la Agricultura (AHS), que llevó a cabo un estudio de cohorte —uno de alta calidad— que evidenció en el 2016 que no hay vínculo alguno entre el glifosato y otras formas de cáncer, incluyendo el NHL. Uno de los miembros de la IARC conocía estos resultados en el 2015 y aun así decidió a favor de declarar al glifosato como probable cancerígeno.

• La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) criticó la monografía de la IARC y señaló algunos de sus defectos. Desde hace tiempo, la posición de la EPA ha sido que no hay vínculo causal entre el glifosato y otras formas de cáncer, incluyendo el NHL.

Se podría continuar haciendo una lista extensa de autoridades de salud y de manejo de sustancias a nivel mundial que llegan exactamente a la misma conclusión: que no hay evidencia creíble de una vinculación entre el glifosato y algún tipo de cáncer, incluyendo el NHL. Esto incluye a autoridades europeas, incluyendo instituciones científicas de prestigio que, unánimemente coinciden con esta apreciación. No hay ni una agencia, NI UNA, que esté de acuerdo con las conclusiones de la IARC.

El manifiesto conflicto entre la IARC y la OMS

Por cierto, en estos mismos días, la OMS y la FAO decidieron inquirir las operaciones de la IARC, debido al fuerte desacuerdo que la OMS tiene con su rama. Es más, la OMS estableció unas restricciones a la IARC de no reevaluar aquellas sustancias que ya habían sido debidamente escrutadas por las reuniones conjuntas de la OMS y la FAO. ¿Razón? Del documento de su decisión se desprende que muchas autoridades políticas alrededor del mundo confundían las opiniones de la OMS y las de la IARC. La Comisión del Codex Alimentarius de ambas organizaciones le aconsejaron a los países del mundo a tener cierta cautela con las monografías de la IARC que reevaluaran sustancias ya estudiadas por las reuniones conjuntas de la OMS y la FAO.

The Representative of WHO also reported on the evolution of the relations between the WHO Headquarters and the International Agency for Research on Cancer (IARC), which is the specialized cancer agency of the WHO, having a membership of 26 countries and enjoying a certain autonomy. The Representative recalled that some foodborne chemical hazards had been evaluated by both JMPR/JECFA and the IARC, with apparently divergent outcomes, resulting in sending confusing messages to risk managers and the general public. While highlighting the interim Standard Operating Procedure that was adopted by the Governing Council of the IARC in May 2018, following discussions with WHO on the need to reduce the risks of duplication of work between WHO HQ-based programmes and the IARC, the Representative noted that such risks have not been totally eliminated. The Representative therefore encouraged the participating countries of the IARC to exercise appropriate oversight through the IARC Governing Council to ensure that the IARC would not duplicate and undermine the work of JMPR and JECFA on chemicals in food.

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¿”Soberanía alimentaria” prohibiendo el glifosato?

No obstante eso, tanto en la prensa como en los programas de comentarios, el criterio para una política pública en torno al glifosato tiene que ver con los juicios por jurado contra Monsanto/Bayer, algo que hemos criticado en otras ocasiones. En estos casos, al jurado le falta instrucción en acercamiento toxicológico y epidemiológico a este tipo de sustancias, se mezcla a su vez con el miedo infundido por los mismos abogados litigantes, resultando en unos veredictos desastrosos desde un punto de vista científico. De hecho, debe llamar la atención de que algunas firmas de abogados militantes antitransgénicos tienen a gente que ha hecho campañas contra las vacunas, tales como Robert Kennedy, Jr., llevando a la actual epidemia de sarampión y otros males que se habían erradicado hace tiempo. ¿Deberían ser estos abogados los guías para una sana política pública? ¿No podría esto invitar al público a pensar en cuanto a la gente que sostiene estas posiciones científicamente cuestionables?

Las políticas de prohibición del glifosato, propuestas por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), por políticas europeas y de algunos estados de la Unión, como en algunos condados de California, tienen implicaciones desastrosas desde un punto de vista de costos económicos para el mantenimiento de infraestructura, la agricultura y el medio ambiente. Por supuesto, el PIP se ampara en estas políticas, pero con muy poca reflexión en torno a su débil base científica —e.g. invoca el experimento de G. E. Séralini, que hemos desmitificado— y sobre una falta de reflexión en torno a lo que ocurriría en el futuro desde un punto de vista científico y económico.

Como hemos mostrado una y otra vez, a pesar del incremento de glifosato en nuestros alimentos, las incidencias de cáncer ha dejado de subir. En el caso del NHL, están decreciendo lentamente.

Esto es comprendido hasta por muchos de los científicos que están a favor de la agricultura orgánica y en contra de los transgénicos. Por ejemplo, gracias a la publicación de mensajes electrónicos de Charles Benbrook, un partidario de la agricultura orgánica que había sido pagado por la industria para sus artículos, nos percatamos de que él le reveló a su grupo antitransgénico que estaba totalmente en contra de la total prohibición del glifosato. Según él, dicha prohibición conllevaría que los agricultores volvieran a la utilización de pesticidas mucho más peligrosos y tóxicos como el Paraquat.

Traducción:

Pete y todos …

Estoy casi estupefacto a cuánto han cambiado dramática y rápidamente las actitudes en relación con el glifosato, y sí nuestro buen trabajo ha sido parte de lo que ha quebrado el barniz mitológico de la seguridad del GLY [glifosato]. La carta de Chris Portier y todos en relación con la controversia del cáncer IARC-EFSA también ha sido bien poderosa.

Quisiera compartir también una cosa. En muchos países, especialmente fuera [de Estados Unidos], la acción rápida para prohibir el GLY llevará al uso incremental del paraquat. Aunque me alegra ver cómo aumenta la presión para un uso juicioso del GLY, personalmente yo no apoyo una prohibición total, lejos de eso [el sentido de, “not even close“]. Las alternativas químicas son de orden de magnitud peores, en términos de ambos, riesgo a la salud humana y al medio ambiente.

De hecho, Benbrook tiene razón. Como hemos indicado en otro lugar, el aumento del uso del glifosato ha llevado a sustituir otros herbicidas que son mucho más tóxicos al medio ambiente y a la salud humana.

Ahora bien, los que repiten el mantra de la “soberanía alimentaria” usualmente tienen en mente la prohibición del glifosato, el proyecto de ley del PIP es un caso de ello. Sin embargo, contrario a Benbrook, no se han detenido a ver los estudios de lo que eso ha implicado en áreas donde se ha prohibido la sustancia y el impacto de lo que eso representaría en el futuro. Por ejemplo, algunos condados y ciudades de California se han perjudicado con el uso de pesticidas —por cierto, algunos, orgánicos— en parte por su alto costo en relación con el glifosato, también en parte a su menor efectividad y mayor grado de toxicidad. Véase, por ejemplo, el caso de Petaluma. En Australia, la situación no ha sido la mejor. En ese sentido, no conozco ningún caso en el que la prohibición del glifosato haya beneficiado a población alguna más que perjudicado, sea para mantenimiento de infraestructura o en la agricultura. Al contrario, todas las proyecciones son de un alto costo para ambas actividades. Por ejemplo, véase este estudio hecho para el Reino Unido. Académicos de la Universidad de Ruhuna han llegado a conclusiones semejantes en el caso de la prohibición del glifosato en Sri Lanka. Otro estudio deja saber cuáles serían las consecuencias para la agricultura, el medio ambiente y la naturaleza:

• Habría un perjuicio ambiental por el aumento de uso de pesticidas en términos absolutos, debido a que las alternativas al glifosato son más tóxicas y menos eficientes.
• Eso iría acompañado por un aumento de emisiones de gases de invernadero, debido a la emisión por el uso de más combustibles y menor capacidad de secuestro de carbono en los suelos. Esto implicaría la emisión de 234,000 millones kg de bióxido de carbono. Sería el equivalente de añadir 11.77 millones de carros en la carretera.
• El beneficio mundial de tales prohibiciones sería negativo, costaría alrededor de $7,408 millones al año.
• Las ineficiencias aumentarían el terreno agrícola a nivel mundial por 762,000 por hectáreas. Este sería aproximadamente el 84% del área de Puerto Rico.
• Tales aumentos de tamaño de terreno para la agricultura significaría una deforestación de 167,000 hectáreas.
• Habría una mayor erosión de los suelos, porque sería más difícil llevar a cabo estrategias de agricultura de no talado.

Tal vez, para muchos, el evitar el glifosato para conservar la “soberanía alimentaria” tiene que ver con el hecho de que Roundup es una marca de Bayer. En tal caso, estaríamos dependiendo de una compañía privada. Sin embargo, el glifosato no es solo producto de Bayer, también los venden compañías rivales. Como el glifosato ya no está bajo patentes en territorio estadounidense, los empresarios puertorriqueños podrían crear sus propios productos basados en el herbicida.

Esto no significa que deberíamos depender completamente de esta sustancia. Al contrario, como se ha visto abundantemente, tal dependencia excesiva ha llevado a malezas resistentes a ella. Esto nos lleva al siguiente asunto.

La Universidad de Puerto Rico debería ser clave para una futura, genuina soberanía alimentaria

No se puede exagerar la enorme importancia del rol de una universidad pública donde hayan científicos servidores públicos que, con o sin compañías privadas, provean buenos estudios y dejen rodar su creatividad para el bienestar de todos. Esta clase de académicos podría poner a Puerto Rico en el mapa del mundo científico si se le ofrecen a la institución los incentivos correctos y el capital apropiado para ello.

No obstante eso, tanto la Junta de Control Fiscal como el gobernador Ricardo Rosselló, han llegado a acuerdos para aplicarle el “remedio” de la austeridad a un instrumento necesario para el desarrollo científico, económico y cultural de Puerto Rico. Estos son acercamientos miopes, puramente contables, sin considerar la dimensión cualitativa de la inversión que es la UPR del impacto que tiene sobre los municipios y el país.

Varias de las maneras para ayudar la UPR es mediante la ingeniería química, buscando alternativas al glifosato que sean razonables, más amigables al medio ambiente y de menos impacto a la salud de las personas. Además, podría diseñar para nuestros agricultores estrategias de rotación de pesticidas y otras con el objetivo de evitar malezas resistentes a ellas. El añadir tecnologías que aumenten la precisión de ataques a pestes, reduciendo exponencialmente el uso de los pesticidas, en combinación con estrategias de rotación de cultivos, entrecultivos, cultivos de cobertura, reciclaje de nutrientes, entre otros, podría resultar ser positivo para nuestros agricultores.

Una de las razones por las que muchas personas quieren prohibir los transgénicos es por los supuestos problemas de las patentes de las semillas. Aunque hay bastante de sus llamados “perjuicios” que no pasan de ser leyendas urbanas, la labor científica de ingeniería genética por una universidad pública es particularmente valiosa. Ejemplo de ello nos lo da el caso de la judía transgénica resistente al virus del mosaico dorado, transmitido por la mosca blanca, y hecha por científicos brasileños y son libres de patentes para los agricultores del país. Esto se logró gracias al equipo de Francisco Aragão, quien trabaja para una institución pública, la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA).

Lo mismo ocurrió en Hawai’i cuando se creó la papaya resistente al virus de manchas anulares. El Dr. Dennis Gonsalves y su equipo de la Universidad de Hawaii la crearon para salvar la industria agrícola. Además, la Papaya Rainbow es libre de patentes para los agricultores hawaianos.

¡Eso es soberanía alimentaria! Este es el ofrecimiento de los recursos de las ciencias para el beneficio de nuestros agricultores, los puertorriqueños y la humanidad. Para utilizar otra palabra de moda, empoderamos a los agricultores boricuas.

No solo eso, al igual que la insulina humana creada por bacterias transgénicas, podríamos establecer programas ambiciosos de producir fármacos y vacunas. ¿Por qué no?

¿Son estos los planes de la campaña de los “soberanistas alimentarios”? Desgraciadamente no. Veamos.

Los planes de los “soberanistas”

En primer lugar, para calentar los motores, habrá una presentación contra el glifosato en la Casa Soberanista. Sin duda, esto estará acompañado por sus respectivos anuncios en la radio y la televisión sobre los supuestos peligros de los transgénicos y el glifosato. Además, invitarán para la marcha contra Monsanto que se dará un par de días después.

Lo siguiente es un sarcasmo. ¡Quedan debidamente advertidos!

En el sábado 18 de mayo, habrá una marcha de protesta contra una compañía que ya no existe. Partirá desde los portones de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, tal vez porque ahí hay una facultad que coopera con compañías semilleras extranjeras. Claro, me imagino que tras el ataque a la UPR por parte de la Junta de Control Fiscal y el gobernador de Puerto Rico, lo que le hace falta a nuestro patrimonio educativo es terminar con tales cooperaciones y con ello, cercenarse más fondos a su fisco, ¿verdad?

Después, me imagino que soñarán con el “paraíso” que era Puerto Rico cuando los jibaritos bajaban con su carreta cantando alegres el “le lo lai” todas las mañanas, antes de que entraran los malvados transgénicos y pesticidas a nuestro archipiélago. Esto es señal de “lo mucho” que hemos aprendido de La barraca de Vicente Blasco Ibáñez, de La charca de Manuel Zeno Gandía, o de La resaca y de La llamarada de Enrique Laguerre.

Por último, me imagino que en el destino de la marcha, la Plaza Colón, van a vender productos orgánicos. Así, aseguraremos que Puerto Rico “reduzca” su dependencia en las importaciones, ¿verdad?

Así se quiere defender la “soberanía alimentaria” como base de una futura soberanía de nuestra nación.

Parte no sarcástica.

¡Qué pena!

Tal vez, después de marchar, les invito a sus participantes a ver un documental, Food Evolution, respaldado la comunidad científica y narrada por Neil Degrasse Tyson. Está disponible en Amazon o Google Play. Después de verlo, les aconsejo meditar muy seriamente sobre las consecuencias de promover las marchas como la que acaban de hacer sobre los pobres de África y otros lugares del mundo.

A mis amistades soberanistas e independentistas, cuya mayoría simpatiza con las causas socialistas en Latinoamérica, les dejaré este vídeo de Rafael Correa sobre la prohibición de transgénicos en Ecuador.

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Muchas gracias.

Referencias

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