Después de que el gobernador vetara el P. de la C. 1018, hubo un segundo intento del Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes de enmendar y aprobar de nuevo dicho proyecto. Según El Nuevo Día, las enmiendas son las siguientes y cito:
- La versión final enmendó el Artículo 7 eliminando la posibilidad de que la parte demandante prevaleciente en cualquier acción judicial o procedimiento administrativo reciba una indemnización por parte del Gobierno por concepto de costos y honorarios de abogados.
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En su lugar, se estableció que “cualquier empleado, contratista o funcionarios que se considere afectado en el ejercicio de la libertad religiosa en contra de lo dispuesto en esta Ley, podrá requerir a su institución eclesiástica que le asista en su reclamo”.
.- Igualmente, descarta por completo el Artículo 10 (Cláusula de Separabilidad) en donde se establecía que de ser anulada o declarada inconstitucional cualquier fragmento de la ley, dicha acción no afectaría ni invalidaría el remanente del estatuto, sino que su efecto quedaría limitado al fragmento bajo cuestionamiento.
.- Una de las enmiendas removió del proyecto de ley un fragmento que le impedía al estado cancelar, aumentar o disminuir donativos o créditos contributivosa personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro religiosas, utilizando como criterio la postura institucional de estas en cuanto a sus principios religiosas.
.- En cuanto a la definición de “ejercicio religioso” lo limita a “un acto, expresión, hacer o no hacer algo, que es sustancialmente motivado por una creencia religiosa”. Y, todo empleado, contratista o funcionario que tenga alguna objeción religiosa “vendrá obligado a plantear su objeción religiosa de forma fundamentada y escrita”.
Las voces de protesta no se hicieron esperar. El caucus de ambas cámaras del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) se negaron a firmar el informe del Comité de Conferencia en torno al proyecto. Cuatro legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) se negaron a prestar su voto para dicho proyecto: Zoé Laboy y Miguel Romero (votos en contra) y Larry Seilhamer y Axel Roque Gracia (abstenidos). Miguel Romero se expresó de la siguiente manera:
Varios grupos de la sociedad civil y una comunidad religiosa se expresaron en contra de esta medida y solicitan al gobernador que no firme el proyecto enmendado de “libertad religiosa” por entender que viola el derechos de los no creyentes y de la comunidad LGBTIQ. Abajo, encontrarán sus comunicados o declaraciones a la prensa.
Ateístas de Puerto Rico
La presidenta de Ateístas de Puerto Rico, Shirley Rivera, declaró en la radio lo siguiente:
… esta nueva ley es inconstitucional y los servicios médicos o gubernamentales podrían verse afectados para los nichos como musulmanes, ateos y comunidad LGBTT….
… Leyes como estas la han tratado de legalizar en los Estados Unidos, al final van al Tribunal Supremo y se ha caído. Estas leyes son inconstitucionales de por sí, ya que promueven la discriminación. Una persona podría utilizar su religión para negar servicios a una persona, hasta un doctor….
…Esta ley no solo afecta a los ateos, sino a toda la comunidad, porque su religión se lo permite. Estamos legalizando la discriminación….
… la razón principal para la aprobación de la ley radica en que el Gobierno no quiere procesar la licencia de matrimonio a homosexuales….
Con este enlace pueden acceder al audio.
Unitarios Universalistas de Puerto Rico
La iglesia Unitaria Universalista de Puerto Rico lanzó su comunicado en su página de Facebook.
La Congregación de Unitarios Universalistas de Puerto Rico lamenta mucho y condena las acciones de la legislatura para aprobar una versión enmendada del P de la C 1018. Los Unitarios Universalistas de Puerto Rico afirmamos nuestra creencia en “el valor y la dignidad inherentes de cada persona” y defendemos la “justicia, equidad y compasión en las relaciones humanas”. Con tal propósito, pedimos al Gobernador Rosselló a vetar el proyecto que busca legalizar la discriminación en el derecho puertorriqueño.
Humanistas Seculares de Puerto Rico (HUSE)
En su página de Facebook, HUSE comunicó lo siguiente:
STATEMENT FROM HUMANISTAS SECULARES DE PUERTO RICO ABOUT THE LATEST EVENTS REGARDING HOUSE PROJECT 1018, “LAW FOR THE PROTECTION OF RELIGIOUS FREEDOM IN PUERTO RICO.
San Juan, January 30, 2018.
For the past two years, starting during the campaigning for the 2016 elections here in Puerto Rico, Humanistas Seculares de Puerto Rico has been warning those candidates that signed “concordats” with the religious fringe that not only were they violating the intention of our Constitution that mandates complete separation of church and state, but the public trust of the citizens of our island that the elected leaders would govern for all. During the past few months, our warnings have been even more urgent. Why? The ruling party, with its extreme right, hyper fundamentalist, religious pandering politicians have been pushing legislation that not only violates our constitutional separation, but goes even further in creating categories of privilege for religious citizens to discriminate on others because their religious ideas are held by a majority, constitution be damned. They claim that the Christian bible is above our Constitution.
How are this politicians doing this? By decreeing 40 days of prayer and fasting for all the citizens, by pushing legislation that is clearly intended to allow people, including government workers, to discriminate, to purposely not including the court mandated equality of marriage in our law books, giving religious entities special subsidies on state-owned utilities and permits. I could go on for days writing about this. However, religious freedom is already included in our Constitution, since it’s inception in 1952.
But the latest one is terrifying. House Project 1018, titled “Law for the Protection of Religious Freedom in Puerto Rico”. It creates, among other things, a defense for persons that deny services to others because it interfere with their religious beliefs, so they are not held accountable for their discrimination.
It, in effect, legalizes religiously motivated discrimination. Just last night on January 29, 2018, the measure went to a vote in the Senate, and it passed with 16 votes in favor. The governor, Ricardo Rosselló, is against this law and has said that he will not sign it. The religious far right has been campaigning very violently and threatening him because of this, arguing that he, the governor, signed a document in a church, surrounded by extreme evangelical far right leaders, agreeing to approve legislation that promotes some christian values and ideals. But in Puerto Rico, as in the United States, the far right christian fringe mostly care about one issue: harming the LGBTT community. The Senate can have Project 1018 passed over the governor’s veto if it gets 20 out of the 30 total votes. They are working, as we speak, on changing some of the wording of 1018, to vote on it again. We doubt it will change the intent to allow discrimination, but the fight is still on.
We’re sorry to see how this is unfolding. Religiously motivated populism is threatening to send us back 100 years, just because some theocrats and some candidates want political power. They are feeding on and of each other, to the detriment of our citizens and undermining one of our most cherished constitutional values. It is disheartening to see how religion is so trivialized by those that want power, even when so many believers are catching up on this nefarious scheme, and rejecting it.
Humanistas Seculares de Puerto Rico has been the leading voice in denouncing violations church and state separation since 2011. Puertorricans are understanding our message, and each and every day, more and more of us say that THE BIBLE IS FOR SOME, THE CONSTITUTION IS FOR ALL.
Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE)
Amárilis Pagán y Osvaldo Burgos, portavoces de la organización CABE, afirmaron para Noticel:
Pedimos al gobernador que vete el Proyecto de la Cámara 1018 y que evite caer en la tentación de convertir el mismo en un premio de consolación al sector religioso que está molesto con la nueva Ley de Adopción.
Si este proyecto se convierte en ley con la firma del gobernador, los servicios gubernamentales serán rehenes de las creencias religiosas de quienes trabajen en él….
No nos cabe duda de que este es el tipo de proyecto que se aprueba por dos razones. La primera, porque hay un sector conservador que no acepta que existen casos y leyes estatales y federales que reconocen que las personas gays y trans también tienen derechos. La segunda, porque hay un sector político que piensa que con un espectáculo como el que dieron hoy en el Senado ganarán votos en el 2020. Ambas razones son ilegítimas y en ambos casos la sed de poder es tanta que no les importa impactar los derechos del país entero…
… con esta medida se afecta el país entero porque el ámbito de las creencias religiosas puede ser tan diverso y subjetivo que poner en manos de un funcionario de gobierno la capacidad de elegir a quiénes discriminar en el ofrecimiento de servicios es dar mano libre para discriminar a madres solteras, a víctimas de violencia doméstica, a personas negras, a personas de residenciales, a usuarios de sustancias y a tantas otras personas cuya apariencia o circunstancias puedan ser juzgadas de manera negativa por ese funcionario.
Es dar carta blanca para que se manifieste todo tipo de prejuicio en nuestros espacios de gobierno.
En el Puerto Rico post huracán María es más importante que nunca garantizar que el gobierno cumpla con su deber y tenga accesibles los servicios y bienes que el pueblo necesita. Este proyecto será una piedra en el camino de las personas LGBTT pero también del resto del país que lo perdió todo y que a duras penas logra acceder a oficinas y agencias de gobierno para tratar de superar su precariedad y pobreza. No demos espacio a que los intereses de un sector que no se resigna a ver como progresa la equidad se lleven de frente los derechos humanos de todos y todas.
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