En su página cibernética de Facebook, la organización Humanistas Seculares de Puerto Rico publicaron hoy un comunicado en torno al mal llamado proyecto de “libertad religiosa” (P de la C 1018, aquí tienen la versión enmendada en junio) que fue aprobado en la Cámara de Representantes y en el Senado de Puerto Rico y que ahora se encuentra ante el gobernador de Puerto Rico. Por el momento, parece que el gobernador se niega a firmarlo.

El texto del comunicado de HUSE dice así:

COMUNICADO DE PRENSA

Para difusión inmediata.

San Juan-15 de diciembre de 2017.

La organización Humanistas Seculares de Puerto Rico condena la aprobación de la mal llamada “Ley para la Protección de la Libertad Religiosa de Puerto Rico” por el Senado de Puerto Rico y exhorta al gobernador Ricardo Rosselló que no firme y vete esta nefasta ley, que no solo afectaría a las comunidades LGBTTIQ, sino a toda la ciudadanía. Aunque el artículo 8 de la ley establece que el Estado no puede negarle o dejar de proveer servicios a las personas, en los artículos anteriores crea un mecanismo para las personas, en el sector público o privado, que alegan que se les ha violentado su libertad religiosa, de usar ese mismo argumento como defensa en demandas o como demandados en cualquier procedimiento legal o administrativo. O sea, que si un empleado del gobierno o empresa privada se niega a prestar un servicio a una persona, y se le disciplina por ello, una defensa sería alegar que la prestación de ese servicio violentaría su libertad religiosa, y esa misma violación a su libertad religiosa le daría causa para demandar a quien lo disciplinó por negarse a prestar el servicio. Esto cancelaría el mandato del artículo 8, cuando le permite a los empleados discriminar por razones religiosas. “Lo más alarmante de esto” -aclaró la Lcda. Mariana Nogales, Directora del Comité Legal de la organización- “es que según la misma ley, cualquier opinión religiosa se puede usar como defensa, sin importar que esta sea o no obligatoria o medular a un sistema de creencias religiosas. O sea, cualquier opinión se podría justificar para discriminar, si se alega que es una creencia religiosa.” Nuestra Constitución, en su Art. 3, Sección II dice claramente que habrá libertad de culto, lo cual nos informa que el estado no puede evaluar ni pasar juicio sobre las creencias religiosas de las personas, ni decidir que es una creencia religiosa.

Para añadir confusión a la ley, ésta nos informa, de forma críptica y misteriosa, que “El uso, conversion o construcción de bienes inmuebles con fines religiosos se considerarán como un “ejercicio religioso” de la persona o entidad que utilice O TENGA LA INTENCIÓN DE UTILIZAR la propiedad para ese fin.” (Enfasis nuestro.) El único propósito que le vemos a esa inclusión en la ley es la de eliminar la obligación de pagar impuestos o tener que cumplir con la normas y reglamentos habituales para los demás ciudadanos por unas propiedades que no son los lugares de culto oficial, pero son o serán en el futuro. Esto incluiría negocios de iglesias o de pastores. El artículo 2 de la ley dice que pretenden establecer “contornos razonables a los diversos intereses, en sus derechos encarnados en la libertad religiosa de los ciudadanos en su común quehacer y actividades diarias de perfil comercial, empresarial y de negocios.” Esto sería un cambio alarmante al estado de derecho de nuestra isla ya que, “La ley parece darle carta blanca a los que alegan libertad religiosa, de ignorar leyes de zonificación, evadir impuestos de la propiedad, o de operar negocios comerciales con unas ventajas y privilegios que el resto de los ciudadanos no tienen”, expresó Antonio Torres, portavoz de la organización.

En fin, ademas de que las poblaciones religiosas en Puerto Rico no sufren de cargas o discrímenes por sus creencias, estos sí tienen la misma libertad religiosa, obligaciones y deberes que el resto de los ciudadanos, por mandato constitucional. Este proyecto fue prometido y acordado indebidamente por el candidato y ahora gobernador Rosselló con grupos fundamentalistas y extremistas del sector cristiano, en detrimento de todos los demás creyentes y no creyentes en la isla, como forma de pago por darle el voto. “A pesar de las constantes amenazas que recibe, nuestro gobernador ha dicho que no firmará esta ley, y lo felicitamos por no ceder ante presiones de grupos religiosos con aspiraciones de poder político. Su deber es gobernar para todos los ciudadanos. Tenemos gran diversidad de creencias religiosas y de personas que no creen en ninguna religión o dioses. Nuestra Constitución es clara cuando dice que “Habrá completa separación de iglesia y estado, y esa es la ley suprema en nuestra en Puerto Rico”, puntualizó Eva Quiñones, presidenta del grupo.

Humanistas Seculares de Puerto Rico es una organización que reúne ateos, agnosticos y librepensadores, que promueve la separación de iglesia y estado, la lógica, razón, ciencia, derechos humanos y los valores universales del humanismo secular.