Logotipo de la Autoridad de Energía Eléctrica

En días recientes, el mundo entero, desde el Weather Channel, pasando por los periódicos principales de Estados Unidos hasta Rusia todo el mundo ha sido testigo del mal manejo (por ponerlo diplomáticamente) del contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con Whitefish. Dicho documento insólito está ahora bajo investigación en el Congreso de Estados Unidos.

Todo este escándalo ocurre cuando han pasado más de cuarenta días y gran parte del país no tiene electricidad, algo que da testimonio de dos cosas: del grado del azote del huracán María y de la inexplicable negligencia del gobierno estatal y del federal en atender ese y otros problemas. Esto no ha pasado inadvertido a los ojos de distintas personas conocidas a nivel internacional, desde periodistas de ciencias como Carl Zimmer hasta celebridades tales como Kim Kardashian y Cher (especialmente, en relación a las aserciones de nuestro gobernador).

Ante tanta incompetencia de todos lados, los puertorriqueños sienten dolor y resignación. No importa a dónde uno vaya, si al colmado Econo, a las guaguas “pisicorre” o a Plaza las Américas, uno ve un rostro de tristeza en la gente en cuyas conversaciones no faltan las preguntas: “¿Te llegó el agua? ¿Te llegó la luz?” Además, en medio del sudor por las noches, las picaduras de mosquitos y la incomunicación por falta de señal telefónica o Internet, reina el desánimo. El aliento inicial que nos ofrecía la frase: “Puerto Rico se levanta” ha sido sustituido por el cinismo. Es en este ámbito que es perfectamente comprensible la convicción de ciertas personas inmersas en el olor del asfixiante diesel y en el ruido del generador del vecino, de que deberían privatizar la AEE.

¿Debería ser así?

Me acuerdo de los días en que no tenía carro y solía tomar la guagua de la ruta 1 para ir de Río Piedras a San Juan. Durante esos días se había desatado todo un debate político en torno a la posible privatización de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA). Lo que se hizo eventualmente fue privatizar la ruta 1, algo que costaría considerablemente más que los usuales 25 centavos. Esta ruta cayó en manos del Metrobús y, efectivamente, cobró más. Al inicio, el mayor pago implicaba mayor dolor en el bolsillo. Sin embargo, lo que resultaba interesante es que a medida que pasaba el tiempo, ese mayor gasto me importaba cada vez menos. ¿Por qué? No era un asunto de hábito, sino otro elemento. La ruta funcionaba mejor que antes: pasaba casi religiosamente cada media hora (a veces en pares), era eficiente, fiable y llegaba casi siempre a tiempo a su destino. En otras palabras, había un sentido de que el mayor pago rendía.

Ante esto, algunos de ustedes pensarán que ahora hablaré a favor de la privatización. Nada más lejos de la verdad. Solo lo menciono para señalar que dicha medida no debe descartarse en principio, sino más bien debería haber más prudencia en cuanto al tema, especialmente midiendo los beneficios de ciertas corporaciones públicas con el servicio que estas rendirían en manos privadas, sin excluir otras alternativas: la cooperativización o la administración por parte de empleados, entre otras.

La privatización de la Telefónica de Puerto Rico (PRT), ahora en manos de Claro, ha tenido resultados mixtos. Por un lado, la empresa ha tenido que competir con otras que se encuentran hoy en el mercado de móviles y en este renglón (en general) la libre selección ha beneficiado a los puertorriqueños. Desgraciadamente, en cuanto a las líneas telefónicas de la PRT, forjaron un monopolio. En cuanto a su servicio de Internet, estaba a punto de someterse a la competencia del ahora fenecido servicio cibernético de PrepaNet. Allí perdió Puerto Rico. Los sindicatos de la PRT tampoco tuvieron las mismas relaciones obrero-patronales como efecto de la venta.

El libro Promesa rota de Francisco A. Catalá Oliveras

Cuando reflexionamos al respecto, debemos tener en cuenta que las corporaciones públicas tienen una función social importante. Aquí les invito a leer el libro Promesa rota: una mirada institucionalista a partir de Tugwell, del distinguido economista Francisco Catalá Oliveras y publicado por Ediciones Callejón. El gobernador Rexford G. Tugwell solía tomar una postura keynesiana de línea dura que usualmente movía a sus adversarios a acusarle de comunista. Fue gracias a Tugwell, los intereses del entonces Partido Popular Democrático (PPD) con Luis Muñoz Marín en el senado y los intereses de la Marina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, que se crearon las corporaciones públicas y se pusieron los servicios básicos en manos del estado. Esto permitió la electificación de muchas de las áreas rurales, algo que ayudaba a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños del siglo XX. Este suceso posibilitó también a la industrialización de Puerto Rico, cuyas bases contributivas Tugwell llegó a cuestionar (con mucha razón). No es que no hubiera energía eléctrica en el país antes de la Autoridad de Fuentes Fluviales (1941). sino que solo operaba en las áreas urbanas (donde había mucha mayor demanda efectiva) y no se veía rentable extender la cablería eléctrica a áreas del campo y las montañas. Como bien señala Catalá en su libro, muchas de las explosiones de prosperidad del sector privado desde entonces han sido posibles gracias a las inversiones del estado como la AEE.  Lo mismo ocurrió décadas después bajo el gobierno de Rafael Hernández Colón  cuando adquirió de la PRT. Con esta infraestructura extendida y sólida no es sorpresa que las compañías locales y foráneas encontraran a nuestro archipiélago un lugar propicio para la inversión de alta intensidad capital. Aun con todos los pesares presentes de estas compañías públicas, nos beneficiamos todos los días de esos frutos del estado benefactor de mediados del siglo XX.

Sin embargo, en la medida que el bipartidismo ha ido arraigándose en el país, el fantasma de la privatización comenzaba a merodear en la mente de los boricuas. Iróncamente, fue bajo la última década que gobernó Hernández Colón, que se gastó dinero público en la propaganda para vender la PRT, supuestamente para usar esas ganancias para beneficiar las escuelas públicas. ¿Se acuerdan de las tirillas de Fortunata?

Luego, bajo los dos términos del Dr. Pedro Rosselló se vendieron corporaciones y facilidades públicas a diestra y siniestra, algo que coincidía con la fiebre del neoliberalismo que arropaba a los países del mundo tras el fin de la Guerra Fría. Se podría decir que gran parte de estas medidas fueron desastrosas, como la venta de CDTs, de hospitales en la ruralía y el colocar la administración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en manos de Ondeo, En algunos casos, el gobierno se vio en la necesidad de readquirir algunos de los edificios, y en otros hubo cierres. El gobierno tuvo que retomar la administración de la AAA tras dos años de mala administración por parte de Ondeo. Todo esto conllevó un costo altísimo para los puertorriqueños (que contribuyó a nuestra debacle económica), aportó al deterioro de los servicios básicos y el desgaste de la confianza en el gobierno.

¿Es buena la privatización? ¿Es mala la privatización? Depende. Como en toda medida de política pública, hay que tomar los asuntos por caso y no adoptar posiciones simplistas y universalistas: que todo tiene que estar en manos del gobierno o todo tiene que estar en manos privadas. El acercamiento casuístico, que exige examen crítico de dichos casos, es medular para cualquier análisis, especialmente cuando se quiere hacer estudio honesto de lo que funcionó o no de cada ocurrencia

No obstante esto, es menester recordarle al público lo que el lingüista y crítico social Noam Chomsky (con quien diferimos en muchas cosas) suele decir:  “La privatización no significa que se va tomar una institución pública y se le va a dar a una persona amable. Se toma una institución pública y se le da a una tiranía que no rinde cuentas (al público).” El primer deber fiscal y jurídico de cualquier corporación es a sus accionistas, no al público. El éxito o no de una compañía de contribuir al bienestar del público solo dependerá en la medida que el gobierno cree las condiciones que limitan sus externalidades y maximizan su servicio.

Hoy día, la confianza pública en que el gobierno lleve a cabo las restricciones debidas al sector privado se encuentra bien lacerada. Para recuperar esa seguridad en las instituciones públicas, hace falta la transparencia. Hoy más que cualquier otro momento, gozamos de suficiente tecnología para ello: dentro de lo razonable, estos contratos deberían estar disponibles en línea para el escrutinio y la mayor fiscalización del gobierno por parte del público.

A corto plazo, la AEE es para todos los efectos prácticos un monopolio público que, de venderse, se tornaría en un monopolio privado. Por el escándalo de Whitefish y por la falta de capital del gobierno para poder mantenerlo, puede ser que pronto se encuentre en el mercado para su compra por parte del mejor postor. Es indudable que con su privatización aumentará el costo de la electricidad, particularmente para pagar su deuda. Esto repecutirá en todas las esferas económicas por lo costoso que sería operar en Puerto Rico y desincentivará la inversión privada. La emigración que resultaría de ello seguiría desinflado numéricamente la población del país, lo que contribuiría a la espiral descendiente de la economía, el empobrecimiento de gran sector del pueblo y empeoraría el trecho entre gente adinerada y los pobres. La falta de interés por parte del gobierno federal de atender los problemas apremiantes de Puerto Rico no nos conduce a un panorama optimista.

La privatización ha probado no ser una vara mágica para resolver en principio problemas sistémicos de corporaciones públicas, pero nos enfrentamos a eso. Podría aliviar ciertos síntomas que han resultado del bipartidismo y la politización de la AEE. Por otro lado, el desánimo de los puertorriqueños ha hecho que muchos respondan con la frase cotidiana: “¡Que se chave!”, pero como dice la gente en los países angloparlantes: “Be careful what you wish for. You may get it.”