Mariana Nogales Molinelli en la 4ta Asamblea de HUSE. (c) Pedro M. Rosario Barbosa, CC-BY 4.0+.

Recientemente, el Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos “Johnny” Méndez , y la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) de ese cuerpo legislativo ha decidido iniciar y continuar con unos planes de implementar en 40 distritos representativos actividades de oración y ayuno por 40 días. Dicha medida reta de frente a la Constitución de Puerto Rico que estipula la total separación de Iglesia y estado (Artículo II, Sección 3). Cuando se le preguntó a Méndez si esto violaba dicha disposición constitucional, su respuesta fue la siguiente:

“Todos los días que abrimos nuestra sesión, nosotros oramos. Nos presentamos ante Dios. Este gobierno como el gobierno de los Estados Unidos se basa en un principio de una nación bajo Dios. Esos son los postulados y hasta que no cambie ese estado de derecho nuestro no existe ningún tipo de conflicto”.

En otras palabras, sí, se está violando efectivamente, todos los días, la Constitución. El hecho de que esto se ha estado haciendo por décadas no cambia en absoluto esa realidad.

Como respuesta a ello, el grupo Humanistas Seculares de Puerto Rico (HUSE) impugnará esta medida en los tribunales. De acuerdo con un comunicado de prensa de la organización, la Directora del Comité Legal del grupo, Mariana Nogales Molinelli, obtuvo una carta del Rep. Méndez en la que instaba a la oración y al ayuno con base en la Biblia judeocristiana como respuesta a la crisis. La presidenta de HUSE, Eva Quiñones, afirma que recurrirá al apoyo de organizaciones internacionales. Parece ser que dicho decreto no tenía la firma del Presidente de la Cámara ni de los legisladores que lo respaldan.

American Civil Liberties Union

HUSE no es la única organización que se opone a estas medidas. También la American Civil Liberties Union (ACLU) se ha expresado al respecto y coincide con la apreciación del evento como notoriamente inconstitucional.  William Ramírez, ejecutivo de la organización, afirma algo muy correcto: “Puerto Rico como estado político no tiene una fe. Las personas la tienen y el Estado no la puede imponer.” Acertadamente afirma que se pretende imponer el cristianismo si se quiere basar esta actividad en el hecho de que en el Escudo y en el Sello oficial de nuestro Archipiélago se represente a Jesucristo como un Cordero sobre la Biblia (de hecho, no es la Biblia como tal, sino el libro del Apocalipsis con los famosos siete sellos). Debemos añadir que el hecho de que allí haya alusiones a los reinos de Castilla y Aragón junto a las iniciales de Fernando e Isabel tampoco es una invitación a imponer las costumbres españolas.

Una cosa es reconocer el trasfondo cultural cristiano de la nación puertorriqueña y otra es olvidar que a nivel político sus habitantes viven en un ámbito constitucional de separación de Iglesia y estado, una disposición que le garantiza a todo ciudadano a creer o no creer en la religión o en la cosmovisión que desee. El decreto del Presidente de la Cámara posibilita una coerción social para orar y ayunar como un acto de contrición ante un Dios judeocristiano. El decir, como Méndez alega, que dicha medida no es obligatoria, no remedia su inconstitucionalidad.