Desde hace algunos años, se viene alegando en Estados Unidos que la inmigración ilegal ha contribuido significativamente al aumento de la criminalidad. Muchos de estos se hacen en ocasiones con bases anecdóticas y su razonamiento sigue más o menos el siguiente esquema:

La inmigración ilegal contribuye a la criminalidad porque X cometió un crimen y X es inmigrante ilegal. X no hubiera cometido crimen alguno si se le hubiera … arrestado, devuelto a su lugar de origen, etc.

Aunque parte de este razonamiento es una perogrullada (e.g. “Que X era inmigrante ilegal y X cometió un crimen, por lo tanto sin inmigración ilegal no se hubiera cometido el crimen”) cuando se va al plano social y de política pública, no es así exactamente.

Muchos de los inmigrantes ilegales provienen o de países vilmente explotados por potencias económicas mundiales e industrializadas, producto de serios conflictos internos, o países víctimas de la extrema pobreza. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que los inmigrantes ilegales en su mayoría no van a Estados Unidos “para cometer crímenes”. Al contrario, tienen ideales perfectamente nobles: mejorar su condición de vida y proveerle mejores recursos económicos para sus parientes, sea en el país donde desean vivir o siendo una fuente económica para aquellos de sus parientes que continúan viviendo en el país de origen.

Una de las más grandes preocupaciones en torno la criminalidad es la del terrorismo. El mes pasado, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió emitir una orden ejecutiva para detener el viaje de provenientes de aquellos países que “fomentan el terrorismo”. La razón de ello, alega el Presidente, es la siguiente:

Numerous foreign-born individuals have been convicted or implicated in terrorism-related crimes since September 11, 2001, including foreign nationals who entered the United States after receiving visitor, student, or employment visas, or who entered through the United States refugee resettlement program. Deteriorating conditions in certain countries due to war, strife, disaster, and civil unrest increase the likelihood that terrorists will use any means possible to enter the United States. The United States must be vigilant during the visa-issuance process to ensure that those approved for admission do not intend to harm Americans and that they have no ties to terrorism.

Aparentemente,  el Presidente Trump firma esta orden como “una reacción” al ataque de Orlando, aunque nos parece que es más bien una movida política dirigida al sector antinmigrante de los Estados Unidos.  Sin embargo, se le olvida por completo que el atacante era un ciudadano estadounidense con unos serios trastornos mentales y que aparentemente no tenía lazos con organización terrorista alguna. Se le olvida también que el CATO Institute, un think tank notoriamente conservador, llevó a cabo un análisis de riesgos en torno al terrorismo por parte de inmigrantes de dichos países y su conclusión es que aun si incluimos acontecimientos como los del 9/11 y otros, la probabilidad de dicho ataque por parte de los inmigrantes es de 1 en 3,609,709 al año.  Procede también a indicar lo siguiente:

For 30 of those 41 years, no Americans were killed on U.S. soil in terrorist attacks caused by foreigners or immigrants. Foreign-born terrorism is a hazard to American life, liberty, and private property, but it is manageable given the huge economic benefits of immigration and the small costs of terrorism.

De los refugiados sirios en particular, ninguno de ellos ha llevado a cabo un ataque terrorista fatal en los Estados Unidos (véase también este artículo). Al contrario, es notable el hecho de que Arabia Saudita no fue incluida en la lista de países, dado que los atacantes del 9/11 fueron mayormente sauditas.

Sin que esto sea suficiente, los republicanos que favorecen estas políticas presidenciales afirman que estas son sistémicas y que las ejercía el expresidente Barack Obama. Cabe preguntarse, entonces, ¿por qué hacía falta una orden ejecutiva para ello si ya el sistema estaba haciendo la labor?  A fin de cuentas, no es de la manera ejecutada por Trump que funciona sus mecanismos estatales. Hay que acalarar que bajo el Pres. Obama sí se hizo un listado de países donde hay mayor riesgo de emigración de terroristas con la intención de atacar a los Estados Unidos. Lo que resulta una falsedad es decir que él hizo exactamente lo mismo que Trump en cuanto a esta materia. Los países en la lista fueron: Irán, Irak, Libia, Somalia, Siria, Sudán y Yémen.

Sin lugar a dudas, esta medida era totalmente irracional. La orden no detenía meramente a potenciales terroristas, sino también la inmensa mayoría de las personas provenientes de estos países que entraban a Estados Unidos legalmente y con propósitos legítimos, además de personas que traían ya consigo una tarjeta verde o tenían una ciudadanía dual. Entre varios de ellos se encontraban prestigiosos científicos,  estudiantes universitarios de diversas disciplinas y hackers y programadores profesionales que trabajaban benignamente en distintas compañías que laboraban sin problema alguno . Afortunadamente, se dejó sin efecto tal orden ejecutiva gracias a una determinación judicial, lo que ha desatado una cadena de ataques del Presidente a miembros de la rama judicial federal vía Twitter.

A pesar de toda esta tragicomedia política, siempre aparecen momentos de humanidad como reacción a estas medidas. Por ejemplo, algunos científicos hicieron disponibles sus laboratorios para aquellos que no pudieron viajar debido a esta política migratoria. El Vaticano ha estado estimulando la reunión de diversos movimientos populares a favor de políticas de protección al inmigrante y la Iglesia Unitaria Universalista de Estados Unidos está ofreciendo sus templos como albergues para inmigrantes ilegales que busquen refugio.

Otros aspectos de la política migratoria del Presidente continúan, como la búsqueda y deportación de inmigrantes ilegales, medida que ha tomado por sorpresa al sector agrícola estadounidense que emplea a dicha mano de obra. Lo que es extraordinario de todo esto es que años antes hubo un análisis que demostraba el potencial daño económico que implicaría unas políticas migratorias extremas. No … no provino de algún sector liberal o progresista, sino de unas organizaciones conocidas por su visión conservadora y republicana,  el  Partnership for a New American Economy y el Center for Global Development de Michael Bloomberg y Rupert Murdoch. Estos grupos sometieron un informe en el 2013 en torno a la mano de obra inmigrante y su aportación económica a la agricultura de Carolina del Norte. Entre otras cosas, este documento afirma lo siguiente:

1. There is virtually no supply of native manual farm laborers in
   North Carolina:

In 2011, there were on average 489,000 unemployed people in North Carolina and approximately 6,500 available farm jobs offered through the North Carolina Growers Association. Despite the fact that each of these jobs was in or next to a county with over 10 percent unemployment, only 268 of the nearly 500,000 unemployed North Carolinians applied for these jobs. More than 90 percent of those applying (245 people) were hired, but just 163 showed up for the first day of work. A month in, more than half had quit. Only 7 native workers – or 3 percent of US workers hired – completed the entire growing season. By contrast, roughly 90 percent of all Mexican farm workers at the NCGA complete the growing season. In any given week, native farm workers are 30 times more likely to leave the job than Mexican farm workers. With 6,500 job openings, the 7 native workers who completed the season filled only
one-tenth of one percent of the jobs offered by the NCGA.

2. No matter how bad the economy becomes, native workers do not take farm jobs:

Increasing unemployment has no impact at all on the number of native workers who complete the growing season with the NCGA, although it does correspond with a slight increase in the number who apply for farm jobs. The study shows that if unemployment rose from 2 percent to 14 percent, which would put hundreds of thousands of new people out of work, only about 100 more US workers would apply for NCGA jobs each year – just a sliver of the roughly 6,500–7,000 placements needed in recent years. Still, this spike in unemployment rate would not make US workers any more likely to finish a growing season at all.

…

4. The North Carolina Growers Association spends more money to comply with the immigration laws designed to protect American workers than it does on salaries for all its American farm workers combined:

The North Carolina Growers Association spent more than $100,000 to advertise farm jobs and comply with immigration laws in 2011, while it paid out just $87,000 in wages to the seven native workers who completed the season working on the farm.

Esto refuta de manera decisiva uno de los argumentos más esgrimidos por el discurso antinmigrante: que los inmigrantes le “roban los empleos” a los nativos. Nada más lejos de la verdad. No importa cuan bien pague el patrono, no importa cuánto se intente proyectar el proletarismo agrícola como un trabajo digno, ni cuan “mala esté la economía”, sencillamente dicha labor no tiene demanda efectiva entre los estadounidenses, aunque así lo sea en el caso del inmigrante mexicano.

Lo otro que muestra son las implicaciones de la política migratoria de Trump:  el deportar a inmigrantes ilegales de Estados Unidos tendría un efecto devastador en la agricultura estadounidense.

The example of the North Carolina Growers Association affirms how deeply American farms depend on foreign labor, and how fundamental foreign labor is to making the agriculture industry run. Immigration policies can and should protect native employment, but should also not ignore economic reality. About two-thirds of hired farm workers in America today are foreigners, and America’s farms are depending steadily more on hired help and less on family members: according to the 2007 Census of Agriculture, paid employees made up about 60 percent of all farm workers, a substantial rise from the 40 percent share they made up in the 1990s (correspondingly, unpaid family members constituted 60 percent of farm workers nationally in the 1990s but only 40 percent today).

Esto ha llevado a no pocos sectores agrícolas que le llevaron al poder a vivir atemorizados ante la pérdida de mano de obra y podría generar una inflación causada por un posible aumento repentino del costo de alimentos, incluyendo aquel de ganado, sin hablar de la necesidad ulterior de descansar en mayores importaciones.

Ahora bien, debemos adentrarnos también en el asunto de la criminalidad. Desgraciadamente, el patrón social que acompaña a casi todo inmigrante ilegal es el grado de pobreza al que se enfrenta una vez pone su pie en el país anfitrión. Según algunos, esto condena a dicho territorio a la criminalidad. Desde un punto de vista científico social, este es un alegato empírico.

Una vez más, toda decisión de política pública debe tener buen fundamento empírico que dirija cualquier curso de acción. ¿Qué nos revela la evidencia?

Este año se publicó un artículo en la revista académica Journal of Ethnicity in Criminal Justice donde recoge los mejores datos disponibles en torno a la inmigración y su correlación con la criminalidad y demuestra que, contrario a lo que frecuentemente se supone, la tendencia de los inmigrantes (legales o ilegales) no es la de cometer crímenes. Al contrario,  dichas personas son las que menos riesgo implican para la sociedad en dichos términos. Steve Novella, en Neurologica Blog, llama la atención al hecho de que esto confirma un estudio publicado hace diez años que demostraba que un inmigrante, aunque fuera ilegal, tenía 20% de probabilidad de terminar en la cárcel cuando se le compara con un estadounidense. La razón de ello parece serque un inmigrante tiene mucho menos probabilidad de cometer un crimen que un nativo porque le presta mayor atención a las restricciones legales y sus correspondientes penalidades. Novella señala que es bien importante tener en cuenta de que ambos estudios tienen fallas significativas, por lo que sus resultados hay que cualificarlos y tomarlos cum granus salis.

Parece ser que la primera generación de estos inmigrantes, es decir, los inmigrantes acabados de llegar (legales o no), tienen una baja tasa de participación en actividades criminales o ilegales (excepto, por supuesto, su estancia ilegal). Sin embargo, la siguiente generación (los primeros hijos de los inmigrantes), a medida que se asimilan, tienden a aumentar su actividad criminal o ilegal, más o menos a la misma tasa que los nativos. Tampoco parece alterar en lo absoluto la tasa de criminalidad en las ciudades donde aspiran a vivir.

Esto contrasta marcadamente con los alegatos de Donald Trump durante su discurso de aceptación de su candidatura a la presidencia de Estados Unidos:

“[Undocumented immigrants] are being released by the tens of thousands into our communities with no regard for the impact on public safety or resources…We are going to build a great border wall to stop illegal immigration, to stop the gangs and the violence, and to stop the drugs from pouring into our communities.”

Toda la evidencia que se ha colectado desde los años 30, una, y otra y otra vez hasta hoy demuestra exactamente lo contrario. Es más, de acuerdo con algunos estudios, la inmigración en las ciudades ha ayudado a reducir la tasa de la criminalidad. En el peor de los casos, ciertos estudios hechos con rigor (antes del publicado este año) mostraban que no hay base alguna para decir que los inmigrantes (fueran ilegales o no) son más propensos al crimen que los nativos.

Ciertamente, al mostrar todo esto no queremos implicar que la política pública correcta sea la de invitar a cualquier persona, incluyendo terroristas y conocidos criminales, a Estados Unidos o cualquier otro país. Al contrario, se deben continuar con ciertas políticas migratorias que realmente garanticen la seguridad y salud pública estadounidense. Sin embargo, lo que nos parece incorrecto es que la política aislacionista actual para terminar con el NAFTA, la creación de la muralla trumpeana para impedir la entrada de ilegales a los Estados Unidos mas su deportación masiva son varias de las decisiones desafortunadas contrarias a la economía estadounidense que el Presidente pudo haber tomado, sin hablar de la inhumanidad de lo que ello implica para los que buscan una vida mejor. En este hecho pueden estar de acuerdo conservadores, liberales y progresistas, a pesar de que el Presidente Trump haya hecho triunfar la ideología sobre la evidencia.

Referencias

Adelman, R., Reid, L. W., Markle, G., Weiss, S., & Jaret, C. (2017). Urban crime rates and the changing face of immigration: Evidence across four decades. Journal of Ethnicity in Criminal Justice, 15, 1, 52-77. doi: 10.1080/15377938.2016.1261057.

Butcher, K. F., & Piehl, A. M. (2007, jul.). “Why are immigrants’ incarceration rates so low? Evidence on selective immigration, deterrence, and deportation.” The National Bureau of Economic Research. doi: 10.3386/w13229. http://www.nber.org/papers/w13229.

Clemens, Michael A. (2013). International harvest. A case study of how foreign workers help American farms grow crops – and the economy. Partnership for a New American Economy
and the Center for Global Development.  http://www.renewoureconomy.org/sites/all/themes/pnae/nc-agr-report-05-2013.pdf.

National Commission on Law Observance and Enforcement. (1931). Report on Crime and the Foreign Born. Washington, D.C.: Government Printing Office.  https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/44548NCJRS.pdf.

Ousey, G. C.,  & Kubrin, C. E. (2009). Exploring the connection between immigration and violent crime rates in U.S. cities, 1980–2000. Social Problems, 56, 3, 447-473. doi: 10.1525/sp.2009.56.3.447.

Ousey, G. C., & Kubrin, C. E. (2014, sept.). Journal of Quantitative Criminology, 30, 3,  453-483. doi: 10.1007/s10940-013-9210-5.

Reid, L. W., Weiss, H. E.,  Adelman, R. M. & Jaret, C. (2005, Dec.) The immigration–crime relationship: Evidence across US metropolitan areas. Social Science Research, 34, 4, 757–780. doi:  10.1016/j.ssresearch.2005.01.001.

Taft, D. R. (1933, 1 oct.). Does immigration increase crime? Social Forces, 12, 1,  69-77. doi: 10.2307/2570119.